Miguel Ángel Guerrero Arriaga
Por los pocos hechos relevantes en beneficio de los potosinos el 2025 está llamado a ser un año para el olvido pues aunque se han emprendido acciones para disminuirla la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas como se vio a lo largo de los doce meses, lo que obligará a las autoridades a redoblar esfuerzos con miras a abatirla.
Es que aunque ya no se han registrado delitos de alto impacto como secuestros en el transcurso de este 2025 que está por terminar se presentaron hechos delictivos que sacudieron a la sociedad como la desaparición y muerte de una conductora de una plataforma de servicio así como el lamentable asalto- asesinato de una respetable empresaria de materiales de construcción dentro de su propio negocio.
Otro acontecimiento del que solo se puede culpar a las circunstancias meteorológicas fue la aguda crisis hídrica que castigó a los potosinos, episodio del que se pudo salir merced a una estrecha coordinación de acciones entere el ayuntamiento capitalino y el gobierno del estado por lo que anticipadamente delinean la estrategia necesaria para evitar que se repita esa experiencia. Algo que tampoco resultó grato para los potosinos fue la elección de los miembros del poder judicial como también lo fue el ríspido suceso entre la UASLP y el gobierno estatal mismo que afortunadamente se resolvió mediante una cuidadosa negociación entre ambas partes. Y algo relacionado con nuestra máxima institución que aún tiene en suspenso a los potosinos es la prolongación del proceso de designación de la facultad de derecho que se espera ver concluido en el transcurso del inminente mes de enero. Y si de suspenso se trata igualmente lo alienta en la gente el destino que podría tener finalmente la recientemente aprobada ley gobernadora de la que depende el avance del proyecto de impulsar a la gubernatura a la senadora y esposa de RGC Ruth González Silva.
CABOS SUELTOS
De continuar los roces entre los vendedores ambulantes y los comerciantes establecidos porque los primeros se instalan a las puertas de los negocios, no sería raro que los dueños saquen su mercancía a las calles como medida para contrarrestar la competencia ilegal como lo hicieron en años pasados… Si la fijación del aumento a las tarifas del transporte urbano en verdad depende de la calidad del servicio que ofrecen la comisión legislativa encargada de analizar el incremento bien haría en desechar la obligación de aumentarles pues está por los suelos desde hace varios años por lo que es considerado dentro de los más pésimos del país con todo y que el líder de los permisionarios Margarito Terán trate de justificarlo con maromas verbales como lo hace desde que prometieron instalar cámaras de video dentro de las unidades para combatir robos, acosos y asaltos toda vez que se acostumbraron a que todo les concediera papá gobierno bajo la amenaza de suspender el servicio en caso de no hacerlo chantaje en el que pocos gobernantes no han caído como el profesor Carlos Jonguitud Barrios quien ante un paro abrió las concesiones para que particulares brindaran, y cobraran por la transportación de personas.
