Toño Martínez
Marzo 31, 2025
Uno de los más grandes desafíos a la capacidad de razonamiento de miles de mexicanos, camuflado en espurios conceptos de democracia y derecho de elección se puso en marcha -bueno más bien puso en marcha el gobierno de la 4a. transformación- para que durante 60 días se rompan la mollera buscando conocer pero todo entender porque van a votar por más de 800 desconocidos que quieren o los quieren incrustar en el Poder Judicial de la Federación, ese que es el único sobreviviente al plan de control absoluto de las instituciones que sostienen al estado de derecho por parte del ejecutivo (a).
Serán simple y llanamente 60 días de locos, cuando van a escuchar discursos, frases, estribillos y conmovedoras escenas de quienes se presentaron como aspirantes santos a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial y órganos adherentes cuyo eslogan desde el oficialismo es «llevarles justicia a todos».
Oficialmente no hubo precampaña de los candidatos pero si la hicieron desde la máxima tribuna del poder el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum bombardeando al actual Poder Judicial con descalificaciones, acusaciones de corrupción, nepotismo, despilfarro, sueldos fabulosos e insultantes asi como venta de justicia para liberar a criminales.
Se trató de una estrategia negra para predisponer al ciudadano a creer en la urgencia de destruir ese Poder Judicial y que entre todos crear uno nuevo «brillando de limpio » cómo dice el «Maestro Limpio».
Sin ser perfecto como toda institución humana, el Poder Judicial frenó abusos de poder, impidió leyes y reformas promovidas desde el Ejecutivo vía sus empleados del Poder Legislativo que buscaban cimentar intereses políticos sin nada que ver con el pueblo y la protección de sus derechos. Nunca dijeron que si hubo liberación de delincuentes de alta peligrosidad fue por expedientes sospechosamente mal integrados o por ineptitud de las fiscalías.
El cuestionamiento fundamental de los expertos en derecho y de muchas personas de pensamiento libre de dogmas políticos, y hasta por simple lógica es, como someter a elecciones públicas a un órgano que requiere de gente preparada académicamente, estudiosos certificados en el conocimiento de las ciencias jurídicas y el derecho; como poner a Juan de las Cotorras en esa misión tan delicada porque serían dóciles a lo que el Poder Ejecutivo quiera secundado por el legislativo y a quienes les dieron su apoyo tras bambalinas.
Dentro y fuera del país han sido señalados los peligros que este sistema para la renovación del Poder Judicial de México encierra para darle justicia de a deveras al pueblo de México y segundo la desconfianza de inversionistas internos y externos en que las controversias legales que puedan enfrentar sean resueltas con estricto apego a derecho y no a influencias políticas.
México necesita brindar certidumbre en lo legal para crear el ambiente de paz, tranquilidad necesarios para desarrollar fortalecerse y crecer generando real bienestar al pueblo pero eso de elegir a ciegas al Poder Judicial no es el mejor camino.
Esa ignorancia vuelve vulnerable al votante para ser fácilmente influenciable y dirigirlo a quien los promotores del mecanismo quieren. La operación está en trabajándose.
No olvidemos por otra parte que cada persona recibirá 11 boletas repletas de nombres para que escoja al que caiga pues no sabes ni quiénes son.
No en balde este proceso electoral contaría con una participación de entre 8 a 15 millones de los 100 millones de votantes que tiene registrados el Instituto Nacional Electoral (INE)
