Toño Martínez
Marzo 26, 2019
Medio de subsistencias de miles de familias, pero también evasión de impuestos, monopolios disfrazados y dinero fácil para políticos.
Cada día son más, en todas las ciudades, en todos los pueblos y hasta en comunidades rurales; invaden vialidades, banquetas, se roban áreas destinadas al estacionamiento vehicular; ofrecen de todo, desde verduras, frutas, golosinas, tacos, gorditas, mariscos hasta aparatos electrónicos y yerbas medicinales: Son los ambulantes.
Si, ocasionan molestias, mal humor, riesgos de accidentes, provocan recordatorios familiares entre quienes buscan espacios donde aparcar sus vehículos y no hallan y protestas del comercio establecido.
Pero ¿es justo criminalizarlos?
Su desbordamiento no es capricho, tampoco ocurrencia y mucho menos un afán de estropear equilibrio urbano.
Esas personas que con simples techos de nylon, carretones hechizos, que con frío, lluvia o calor superior a los 50 grados están en las calles, no es por su gusto.
Claro, como en todos lados también se cuela la corrupción pues está claro que existen monopolios de ambulantes.
También que muchos Ayuntamientos fomentan su presencia porque les generan dinero fácil por cobro de disimulos, cuotas por ocupar espacio público y como no tienen un padrón exacto, tampoco queda registro de lo que ingresan en las tesorerías.
Son el producto de un sistema político terriblemente desigual, con políticas fallidas en empleo y en oportunidades, corrupto, de abuso a la dignidad de las personas porque los convirtieron en generadores de riqueza de políticos.
También ignominiosamente son carne electoral.
Que no pagan impuestos y compiten injustamente con el comercio establecido sujeto a impuestos, pago de servicios y blanco del acoso hacendario, también es cierto.
Pero en su contexto medular, el ambulante ha conseguido con su cuestionada actividad sostener a miles de familias, dar educación a sus hijos, procurarles alimento, pagar luz, gas, agua.
Para servicio médico no alcanza porque es muy caro y pocos están inscritos al limitado en apoyos Seguro Popular.
Eso sí, es imperativo reglamentarlos, armonizar su presencia con el resto de factores de convivencia, pero acabar con su explotación para generar dinero que no se sabe dónde va a parar a los Ayuntamientos.
Son gente que merecen dignidad, respeto y que solo necesitan ordenamiento.
