SE ESTABLECEN PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN DE HECHOS EN AGRAVIO DE LOS EDUCANDOS
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobaron una iniciativa de reforma la Ley de Educación del Estado presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías y la ciudadana Irlanda Susana del Rio Contreras, para fortalecer la seguridad del alumnado en el entorno escolar.
El diputado Crisógono Pérez López presidente de la comisión legislativa informó que se hicieron modificaciones a la iniciativa original que proponía crear el artículo 83 BIS, para que quedara integrada la materia de los protocolos en el artículo 83, luego de la opinión de instancias diversas como la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
Así, el artículo establece que “en caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente”.
Y se agrega: “siguiendo los protocolos de actuación que, para tal efecto, se emitan” además del siguiente párrafo: “la omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez”.
Y en cuanto al artículo 85, que propone la elaboración de protocolos de actuación con la participación de diversas autoridades, quedaría con la siguiente redacción: “los protocolos de actuación que refiere el 83 de esta ley, entre otros, serán elaborados de manera conjunta por la autoridad educativa estatal, Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
Para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa para su detección oportuna, y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, determinará los mecanismos para la medición y resolución pacífica de controversia que se presenten en los integrantes de la comunidad educativa.
El dictamen será enviado a consideración del Pleno para su votación.
