Se fortalece el actuar de las autoridades estatales y municipales en materia de discriminación laboral, a través de campañas y capacitación permanentes: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira.
A propuesta de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado, para fortalecer las acciones contra la discriminación laboral a favor de personas en situación de vulnerabilidad.
Con esta reforma, se establece que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, en materia laboral, acciones para garantizar que existan condiciones de trabajo para prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de discriminación laboral, con especial énfasis en personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, así como el acoso y el hostigamiento de carácter sexual, a través de protocolos, campañas informativas, capacitación y mecanismos de atención.
En el dictamen se indica la importancia de establecer estas acciones para la protección de los derechos humanos. En el ámbito laboral, estos principios cobran una connotación especial, ya que el trabajo representa un medio de subsistencia y, al mismo tiempo, se constituye como un espacio para el desarrollo personal, un medio de integración social y un proceso de fortalecimiento de la dignidad humana.
Menciona que, a pesar de que las legislaciones han cambiado en las últimas décadas, la discriminación y la violencia en el trabajo siguen siendo realidades presentes que afectan a los diferentes sectores de la población de manera desigual.
Destaca que, de acuerdo con organismos globales, la violencia en los entornos laborales es un tema de dimensión mundial que afecta a cerca del 23 por ciento de las personas trabajadoras. Hombres y mujeres se ven afectados; no obstante, subrayó que son las mujeres quienes resultan perjudicadas en una mayor proporción, debido a factores socioculturales que favorecen que una persona sea víctima de violencia en el trabajo.
Asimismo, las mujeres, las personas indígenas, las personas migrantes, quienes viven con alguna discapacidad y las personas trabajadoras del campo suelen encontrarse en escenarios donde la desigualdad estructural facilita prácticas discriminatorias que, en muchas ocasiones, se normalizan dentro de las relaciones laborales.
Por ello, señaló la legisladora, se busca establecer acciones para atender esta problemática en términos sociales y responder con medidas efectivas contra la discriminación.
