Miguel Ángel Guerrero Arriaga
Febrero 03, 2020
Ha sido una costumbre inalterable que la iniciativa privada espere siempre que “papá gobierno” le solucione todos los problemas que pueden afectarle de tal manera que de no responder a sus exigencias en ese sentido sus miembros y dirigentes camarales se convierten en sus más feroces críticos lo que en algunas épocas llegaron a tornarse en abiertas confrontaciones.
Por eso ha llamado la atención que ante el gobierno encabezado por el gobernador Juan Manuel Carreras López éste no solo los ha sabido convencer de que estén de su lado sino que, por la tersura de la relación que ha mantenido con el empresariado, por voluntad propia y sin presiones de ninguna especie los miembros de este sector hayan decidido meter la mano a sus bolsillos para colaborar en el equipamiento de la ciudad para el combate a uno de los problemas más agudos que se presentan como es la inseguridad pública.
En tiempos pasados las relaciones de los gobernantes con los empresarios potosinos normalmente eran ríspidas y vivían en una constante medición de fuerzas pues aquellos pretendían imponer al gobierno sus criterios para atender los problemas mientras que los gobernadores hacían oídos sordos a fin de no proyectar debilidad en el ejercicio del poder.
Fue así, como, por ejemplo durante el gobierno del profesor Carlos Jonguitud Barrios los empresarios y el gobernador estuvieron permanentemente en pleito, al no hacerles el profesor el menor caso a sus señalamientos y a su afán de que se les invitara a las grandes obras que desarrolló durante su mandato.
Luego durante la etapa del gobernador Florencio Salazar Martínez, el empresariado jugó un papel importante para que el gobierno federal decidiera defenestrarlo de la gubernatura antes de cumplir dos años en el cargo.
Incluso, hace unos años en el régimen de Marcelo de los Santos la iniciativa privada pasó por una etapa de abierto descontento por el favoritismo, compadrazgo y tráfico de influencias que imperó en la asignación de obras y los grandes contratos del gobierno.
En contraparte, el mandatario Carreras López ya puede jactarse de haber derrumbado esa costumbre de confrontación con los empresarios a los que no necesitó derrotar en una medición de fuerzas o de mandar por un tubo las propuestas o sugerencias que hacen para atender los problemas sociales de SLP pues sin llegar a esos casos recientemente el empresariado anunció que por voluntad propia y sin ser obligados o presionados de ninguna forma meterán la mano a sus bolsillos para colaborar en el combate a un problema que afecta a todos como es la inseguridad haciendo una compra “inicial” de dos mil videocámaras de vigilancia para ser instaladas por el rumbo de la zona industrial y en las calles y avenidas que confluyen en esa área.
De esta manera JMCL rompe con una tradición añeja de confrontaciones entre el empresariado y el gobernador en turno.
