Patrones, trabajadores, abogados y personal afectados.
Toño Martínez
El cierre de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) el 31 de marzo trastocó la impartición de la justicia laboral en perjuicio de trabajadores con conflictos, patrones, y hasta abogados, porque las demandas nuevas y juicios en proceso se llevan a cabo en la capital del estado con los altos costos y riesgos diversos que ello implica, ya que no se abrió el tribunal donde se atenderían los casos como está contemplado en la Reforma Laboral de mayo de 2019.
Inicialmente se dijo que las juntas desaparecerían hasta agotar juicios en proceso pero lo adelantaron y de ahí el descontrol.
Pero además, dejó en la incertidumbre a 26 empleados de la Junta porque ignoran si serán acomodados en otras dependencias del Gobierno o los indemnizarán.
Entrevistado al respecto, el abogado laborista Gilberto Almendárez Marín señaló que está situación viola los derechos laborales en detrimento especialmente de los trabajadores, del patrón y de los propios defensores jurídicos en algún conflicto.
Ha sido costumbre que cuando un trabajador presentaba una demanda laboral por despido, como se queda sin ingreso el abogado subsidia los gastos del juicio que recuperaba cuando el demandante recibiera su indemnización; pero tras la pandemia también los litigantes se vieron afectados en sus ingresos y como debe viajar a la ciudad capital les resulta muy difícil seguir financiando gastos.
Para el trabajador sin dinero le resulta prácticamente imposible cubrir por su cuenta el traslado a audiencias, llevar testigos y los alimentos por lo que muchos prefieren desistir de continuar un juicio máxime si la liquidación a recibir es baja, comento Almendarez Marín.
Lo único que funciona en Valles es un Centro de Conciliación pero generalmente los resultados en un conflicto no son los adecuados.
Urge, dijo, la apertura del tribunal o juzgado de lo laboral lo cual compete al Poder Judicial solo que en el presupuesto para este año no se contempló.
Ojalá que para el 2024 se subsane esta deficiencia y para ello será importante la posición de las organizaciones de abogados.
Respecto al otro tema, de los empleados de la junta que se quedaron sin trabajo algunos con 26, 20, y 15 años de servicio, esperaban saber si les pagarán la primera quincena de abril porque ni de eso estaban seguros y enfrentan una situación muy complicada pues tienen familia que mantener y pago de servicios .
