COMISIONES UNIDAS APRUEBAN REFORMAS A DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN RELACIÓN AL PADRÓN DE PERSONAS DEUDORAS ALIMENTICIAS, PROCURANDO Y ABONANDO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EL DICTAMEN APROBADO POR UNANIMIDAD ACUMULA SIETE INICIATIVAS Y SERÁ ENVIADO AL PLENO PARA SU VOTACIÓN

Por unanimidad, en sesión de trabajo las y los diputados integrantes de las comisiones  Segunda de Justicia, Movilidad, Comunicaciones y Transportes  y Régimen Interno y Asuntos Electorales, aprobaron el dictamen que acumula siete iniciativas para reformar diversos ordenamientos en relación al  Padrón de Personas Deudoras Alimenticias, procurando y abonando al interés superior de la de los niños, niñas y adolescentes.

La presidenta de la Comisión Segunda de Justicia diputada Gabriela López Torres informó que se dictaminaron las iniciativas de las ex diputadas Liliana Guadalupe Flores Almazán y Lidia Nayelli Vargas Hernández, de la diputada con licencia Roxanna Hernández Ramírez, de ella misma y de la legisladora Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, así como de dos ciudadanos, por lo que el dictamen será presentado al Pleno para su votación.

“De acuerdo a la Ley General, el padrón debe ser público e inscribirse a la persona deudora en un lapso de 30 días; las mujeres crían muchas veces en autonomía y exigen que este padrón sea público, y que estas personas que estén inscritas no puedan hacer trámites, por ejemplo, de licencia, incluso que no puedan inscribirse a procesos electorales para ir a una contienda electoral”.

“Es conminar a que se ejerza una paternidad en su mayoría, porque, aunque dice personas deudoras alimentarias, refiriéndose a ambos, madre o padre, la verdad es que, por estadísticas, quienes son en su mayoría personas deudoras, son los padres de familia. El padrón a partir de ahora será público. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que esto no violenta los derechos de la persona inscrita, sino todo lo contrario, y serán utilizados los datos de forma muy estricta, también preservando los correspondientes al niño o niña o adolescente en cuestión”.

El Decreto tiene los objetivos siguientes: establecer que, si en un período de treinta días naturales ininterrumpidos la persona deudora alimentaria incumple con su obligación, constituyéndose en persona deudora alimentaria morosa. Así, a petición de parte, la persona juzgadora ordenará la inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.

En concordancia con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se estipula con claridad que el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas estará a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de la Secretaría General, quien será responsable de su integración, administración, actualización y resguardo. Este organizará, funcionará, sistematizará y actualizará la información junto con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, de acuerdo con la señalado en la normatividad interna.

Como parte fundamental de la reforma local, y con el objeto de dotar de eficacia jurídica a la media, es fundamental que la calidad de persona deudora alimentaria morosa se difunda en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, para lo cual se le otorgará el carácter de público, en el entendido de que este deberá operar con base en lo dispuesto en Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de San Luis Potosí y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Destaca que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF tendrá acceso total a las bases de datos del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, como sucede con su homólogo en el ámbito federal; en el entendido de que los datos recabados solo podrán ser utilizados para los fines estadísticos o de análisis que se consideren necesarios.

Señalar que el certificado de no inscripción expedido por el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y por el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, serán requisitos sin los cuales no será posible realizar trámites, solicitudes o iniciar procedimientos ante diversas autoridades estatales o municipales tales como: contraer matrimonio; solicitar u obtener licencias o permisos para conducir vehículos; tratándose de actos relativos a la compraventa de bienes inmuebles, y a la constitución o transmisión de derechos reales sobre los mismos.

Así como para ser aspirante para ser titular del órgano de control interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, o personas candidatas independientes y personas candidatas a cargos de elección popular postuladas por los partido políticos.

Como parte de la armonización, se homologan los datos que deberá contener el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, modificando la forma en que se deberá expedir el certificado de no estar inscrito en dicho instrumento público, una vez que la obligación haya sido satisfecha, para lo cual se dispondrá de una sitio de internet institucional en el cual se genere automáticamente el certificado de forma gratuita; el cual contendrá información.

En atención a diversos criterios jurisprudenciales y legales, cuando no sean comprobables el salario o los ingresos de la persona deudora alimentaria, la persona juzgadora resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que la persona deudora y sus personas acreedoras alimentarias hayan llevado en los dos últimos años; debiendo realizar un estimado del ingreso mensual de la persona deudora alimentaria, respecto del cual fijará un porcentaje como monto de la pensión.