ES INDISPENSABLE AVANZAR HACIA UNA LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE RECONOZCA DE MANERA INTEGRAL LA FUNCIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO Y BRINDE MARCOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA SÓLIDOS, ACCESIBLES Y CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
El diputado Crisógono Pérez López con el acompañamiento de los secretarios generales de la Sección 26 y 52 del SNTE Juan Carlos Bárcenas Ramírez y Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, respectivamente, así como María del Rosario Villaseñor Oliver de la delegación del Tecnológico Regional, presentó la iniciativa para crear la Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo en el Estado de San Luis Potosí.
En el evento protocolario para la entrega de la iniciativa a la Oficialía de Partes, estuvieron presentes los proponentes así como representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y representantes de las carteras de ambas secciones; se busca proteger y dar garantías a más de 50 mil docentes en el estado, ante denuncias infundadas que afectan su prestigio y situación laboral.
El diputado Pérez López expuso que “es una ley para todos los trabajadores de la educación de los sectores públicos y privado, para que, cuando haya una acusación, sean realmente tratados con lo que establece la ley, que el debido proceso sea lo que prive, que no se les sancione porque alguien dijo algo, que se le sancione cuando haya una razón para hacerlo. Nosotros no estamos pidiendo que se exceptúe al docente del proceso de ley, sino que debe de respetarse su presunción de inocencia, la aportación de pruebas”.
“A veces el docente aporta pruebas que no sirven para nada, porque de todos modos es castigado, es separado del servicio, se le suspende su salario y todo lo que conlleva eso en su situación familiar, y se le señala ante la sociedad. Tenemos casos de compañeros que han estado en la cárcel y que después han salido con un ‘usted disculpe’ y ya perdieron muchos años de su vida, perdieron familia, perdieron su estatus ante la sociedad”, señaló el diputado.
Los secretarios generales de las secciones 26 y 52 coincidieron en que esta iniciativa es un acto de justicia para los docentes, sin que ello signifique que los alumnos dejen de ser prioridad, no se trata de meterlos en una burbuja sino dotarlos de las garantías legales que los protejan en determinadas situaciones que se presenten; señalaron que se hará el cabildeo correspondiente con los demás grupos parlamentarios para tener el apoyo hacia la iniciativa.
La representante de la Delegación D-V-88 perteneciente a la Sección 61 María del Rosario Villaseñor, expuso que “esta ley no es un documento más, es un acto de justicia para miles de trabajadoras y trabajadores de la educación que han sido ignorados, vulnerados o perseguidos por defender lo correcto. Hemos estado sufriendo difamaciones, hostigamientos y represalias provenientes de la propia jerarquía institucional, contra docentes y no docentes, que se atreven a levantar la voz ante las injusticias”.
La iniciativa de ley busca establecer un marco normativo para la protección integral del personal educativo, garantizando su seguridad jurídica, laboral y personal, bajo los principios del debido proceso, igualdad sustantiva, presunción de inocencia, perspectiva de género y pro persona, ya que es necesario crear un marco jurídico que brinde certeza, respaldo institucional, protección integral a los directivos, docentes, no docentes, técnicos docentes y al personal de apoyo y asistencia.
Puntualiza que se ha evidenciado una ausencia de protocolos claros de protección jurídica para el personal educativo frente a conflictos que pueden surgir dentro del entorno escolar, incluyendo agresiones físicas, amenazas verbales o sanciones arbitrarias; esta falta de respaldo institucional deja al directivo, docente y al administrativo en una situación de vulnerabilidad ante estudiantes, padres de familia, tutores o cualquier tercero.
El diputado Pérez López añadió que, desde una perspectiva ética y legal, es indispensable avanzar hacia una legislación educativa que reconozca de manera integral la función del trabajo educativo y brinde marcos de protección jurídica sólidos, accesibles y con enfoque de derechos humanos.
