Daniel Adame Osorio.
Mayo 25, 2023
Nuestro modelo de democracia es representativa porque los gobernantes son electos. Pero incluso para que esto sea así, se requieren condiciones básicas: si las elecciones son libres y disputadas, diríamos hoy, competitivas; que la participación sea ilimitada, que los ciudadanos cuenten con libertades políticas. Teóricamente, esto garantizaría que los representantes y gobernantes actuaran anteponiendo el interés de la sociedad.
Bajo esta perspectiva, tanto los partidos como los candidatos elaboran propuestas, proyectos de gobierno y explican a la sociedad en las campañas la forma como positivamente impactarían en el bienestar de la sociedad. Esto impone a los vencedores de toda elección el imperativo de la responsabilidad, es decir, la selección de los mejores proyectos para que sean evaluados positivamente por los electores, porque han de continuar su carrera política y con base en el resultado de su gestión tendrían o no el respaldo nuevamente de los votantes.
La preocupante realidad actual demuestra que las elecciones de ningún modo obligan a los representantes y/o gobernantes a un buen desempeño, tampoco uno apegado a la voluntad popular; y es claro que la sociedad carece de los informes y elementos indispensables para hacer una evaluación gubernamental, y que, en el último de los casos, a los representantes poco importa la posibilidad e incluso amenaza de no volver a votar por ellos, mediante reelección o nuevo cargo público.
Otro de los fenómenos sobresalientes es el “mandato-representación”, lo cual muy rara vez se cumple, toda vez que el nivel de las campañas electorales es muy bajo, carece de un carácter informativo en torno a los proyectos a emprender y su vinculación directa con los beneficios que teóricamente recibirá la sociedad.
En el supuesto de mejores niveles de campaña y de calidad de los candidatos, éstos informarían a la sociedad qué políticas van a aplicar, las razones que las convierten en la mejor opción y los beneficios que reportarían, pero nuevamente, nada garantiza que el plan anunciado en campaña sea el mismo que se aplica ya en el poder.
Otro de los problemas del mandato-representación estriba en el hecho de que los políticos con frecuencia encuentran más incentivos en el no cumplimiento de los intereses de la mayoría, por los beneficios tanto personales o de grupo.
El grupo lopezobradorista en la élite política, no acusa en su campaña a los ministros de la Corte de corruptos, sino de tener altos salarios y privilegios. Es una retórica útil al presidente que, le permite diseñar y controlar la conversación de la sucesión presidencial y para incidir en el voto. Por eso regresa no a la década del 70 del siglo pasado, sino a 1857 con la conversación del voto indirecto de los ministros de la Corte por entonces, el mismo procedimiento (por cierto) con que se eligen ahora. Además, el presidente controlará el diseño de la próxima legislatura del congreso de la Unión y, para ello tiene ya a Mario Delgado como su instrumento (confirmado por la sala superior del TEPJF). Todo lo anterior en el contexto de una oposición que, recién decidió ocupar su lugar y oponerse al lopezobradorismo. Mientras el oficialismo y la oposición gestionan su agenda, la (auténtica) oposición desde la sociedad avanza en su articulación y conexión y, tiene la palabra, la política y sus tiempos a su favor. Adelante.
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(*) Politólogo, (IBERO MX) periodista, administrador público y académico. Director Editorial de ESCENARIO POLÍTICO, medio de comunicación especializado en análisis político. Premio Nacional de Periodismo.
