Profr. Marcelino H. Martínez
Enero 07, 2026
Cada vez que algo se rompe en la sociedad, la respuesta parece automática, hay que trabajarlo en la escuela. Violencia, adicciones, discriminación o crisis emocional terminan convertidas en campañas escolares, como si el aula fuera el último espacio capaz de reparar lo que afuera se descompone.
Esta lógica resulta cómoda para el poder. Traslada responsabilidades estructurales al maestro y lo coloca como solucionador universal.
Se exige formar ciudadanos críticos y resilientes, pero se evita responder a lo fundamental, tiempo, recursos y condiciones laborales dignas.
El aula no está aislada del contexto social; lo refleja.
Aun así, al docente se le pide enseñar, evaluar, contener, prevenir riesgos sociales y cumplir con una creciente carga administrativa, muchas veces sin apoyo profesional.
La contradicción es clara, se amplían funciones, pero se reducen condiciones.
Desde una mirada crítica, la escuela no puede sustituir políticas públicas de seguridad, salud o bienestar.
Cuando cada problema social se convierte en una tarea escolar, no se resuelve la crisis, se normaliza el desgaste docente y se diluye la función educativa.
En lo político, esta estrategia es funcional.
Si nada cambia, la responsabilidad recae en el maestro.
Así, el sistema se exime de su deber y desplaza la culpa hacia quien sostiene diariamente la escuela pública.
El riesgo es profundo, una educación saturada de encargos sociales, pero vaciada de sentido pedagógico; maestros agotados, pero señalados; escuelas exigidas, pero abandonadas. Defender al magisterio no es negar su papel formativo, es reconocer que sin condiciones reales no hay transformación posible.
Mientras sigamos esperando que el maestro repare todo lo que la sociedad no quiere o no puede enfrentar, seguiremos administrando el problema en lugar de resolverlo.
Y una educación construida desde el cansancio difícilmente puede ser la base de un futuro más justo y transformador .
