Miguel Ángel Guerrero Arriaga
Aunque no deja de ser importante el monto de la deuda pública que enfrenta hasta la fecha el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, la verdad es que algunos de sus antecesores la que heredaron supera con mucho la actual pues no alcanza niveles de riesgo ni para hipotecar el futuro de las finanzas estatales.
El tema de la deuda pública es uno de los que más incomodan a los gobernadores pues implica que han tenido necesidad de acudir a créditos para solventar sus gastos y financiamientos de obras públicas que necesariamente debían estar contemplados en sus presupuestos oficiales. Según reportes oficiales a la fecha el adeudo público de la administración gallardista anda por los 7 mil. 041 millones de pesos, cantidad que se ubica en un rango manejable, según los expertos financieros.
En este aspecto fue el gobernador Fernando Silva Nieto el que tuvo un manejo más cauto pues la deuda que heredó a su sucesor fue de 3 mil 460 millones de pesos cifra menor que no representó problemas financieros para Marcelo de los Santos quien lo relevó en el cargo.
En este sentido, De los Santos sí cumuló más deuda que su antecesor toda vez que la que dejó llegó a los 4 mil152 millones de pesos incluyendo el controvertido crédito por mil 500 millones contratado a finales de su sexenio.
Posteriormente con Fernando Toranzo Fernández el débito público alcanzó niveles de escándalo en virtud de que, como se confirmo a tres días de haber asumido la gubernatura la deuda que dejaba superó los 22 mil millones de pesos.
Luego, con Juan Manuel Carreras López la deuda que heredó mereció el calificativo de “herencia maldita” por haber rebasado los mil millones de pesos junto con las irregularidades detectadas que su sucesor Ricardo Gallardo Cardona denominó el “fraude del siglo” en alusión a los pagos pendientes con dependencias como la dirección de pensiones y hacienda que impidieron a la administración gallardista cumplir con sus obligaciones financieras en tiempo y forma durante los primeros dos años.
En el gobierno actual ciertamente, se ha tenido que recurrir a créditos extraordinarios para cubrir gastos urgentes como prestaciones de fin de año o sueldos atrasados a jubilados y maestros pero, saludablemente, sin que representen un riesgo para el futuro financiero del estado ni se perfilen a ser una carga tan pesada como la enfrentada por Carreras o Gallardo por la irresponsabilidad de sus antecesores de acumularla más allá de los límites pertinentes.
CABOS SUELTOS
Con todo y que se contemple que entre en vigencia el año próximo la ley que se prepara en el congreso del estado dirigida a otorgar facultades investigadoras a policías municipales y estatales pues mueve a risa al imaginar a gendarmes de municipios como Ahualulco o Santo Domingo en plan de “sherlockitos holmes” investigando un robo un o un crimen lupa en mano siguiendo huellas de posibles autores lo que refleja el empeño de los legisladores en superar sus ridiculeces o que a sus decisiones les den palo en los tribunales lo que no es de extrañar pues seguido les pasa.
