Por: Alma Gutiérrez Ibarra
Julio 23, 2019
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6° es el primer ordenamiento, en orden jerárquico normativo, que puede ser un marco de referencia sobre la libertad de expresión en nuestro país porque es cierto que existen innumerables normas constitucionales, nacionales e internacionales vigentes que también la regulan.
Sin embargo, en primera instancia y sin ahondar en asuntos legales, para todos es claro que las líneas de ese artículo observan la importancia de que el Estado garantice el derecho a la información, y cito: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
Lamentablemente, desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la garantía de que cualquier mexicano, especialmente los que se dedican al periodismo, ejerza ese derecho constitucional en su máxima expresión va en decadencia y día a día, es cuestionado ahora no solo por quien detenta el poder el turno sino por “el pueblo bueno” que hace de las redes sociales un eco del discurso que se genera desde la silla presidencial.
No solo preocupa el incidente que se registró en días pasados durante la gira del presidente por San Luis Potosí donde huelguistas de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Ciudad Valles (DAPAS), increparon al mandatario en el hotel donde pernoctó, y donde salió a relucir el doble discurso que caracteriza a López Obrador llamándolos provocadores, irrespetuosos y llegar hasta martirizarse porque “no merezco este trato”.
Si quienes buscan ser escuchados por la máxima autoridad del país, ya sea en protesta o por cualquier otro medio, son provocadores ¿tenemos como presidente a un provocador que durante años utilizó esa táctica para siempre señalar a sus adversarios políticos?
Pero, ese y otros episodios que son pruebas de la intolerancia a la crítica como el señalamiento a la revista “Proceso” porque “no se portó bien con nosotros”, no se comparan con el intento de coartar el ejercicio de la libre expresión que se gesta desde la Cámara de Diputados, y que se publicó como proyecto de decreto en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de julio.
En el documento que cito y que se refiere a las reformas de la Ley General de Educación se incluye, en el capítulo V artículos 139 y 140, lo relativo a la participación de los medios de comunicación; y así escrito parece maravilloso que el Estado los incluya en esta importante reforma. Sin embargo, al leer dicha propuesta el optimismo se esfuma tras constatar, nuevamente, la política de censurar, limitar o descalificar lo que los medios, desde sus propios puntos de vista, deseen difundir.
En el primero de esos artículos, es decir el 139, los diputados proponen lo siguiente: “Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de los fines previstos en el artículo 15, conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de la presente ley”. Y más, en el artículo 140 se establece que: “La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá mecanismos lineamientos que den cumplimiento del artículo anterior, con apego a las disposiciones legales aplicables”.
De concretarse esa propuesta, los locutores, entrevistadores, periodistas, empresas o cualquier otro trabajador de medios de comunicación masiva tendrán que sujetarse a los ¿lineamientos? que marque la SEP para opinar públicamente, hacer un señalamiento o siquiera un comentario respecto de la educación o cultura en el país.
Nada más fuera de lugar, de la legalidad y de la libertad de expresión porque, al igual que la política de las conferencias mañaneras, la intención más allá del discurso es cortar la libre difusión de las ideas, el debate, la crítica y todo lo que huela a quienes “no quieren ver avanzar al país”.
¿Desde cuándo los periodistas deben seguir lineamientos para hacer su trabajo? porque precisamente esa es su labor: ser un contrapeso del gobierno, dar voz a quienes no están de acuerdo, señalar cuando algo va mal y hasta difundir lo que está bien hecho, pero nunca bajo “lineamientos” o cortapisas que terminarán por marcar esa división en el país que genera su discurso de encono social… así no señor presidente.
