Ángel Castillo Torres.
Septiembre 19, 2023
Muy pronto habrá un explosivo debate que será provocado por la inaplazable urgencia de despenalizar la práctica del aborto. La controversia se dará por el choque de dos derechos que son incompatibles. Por un lado, el derecho que protege la vida de los nonatos (los que van a nacer) y por otro, el derecho de las mujeres a decidir libremente si se practican o no un aborto. Será una discusión intransigentes, jacobina, cargada de ideas religiosas, éticas, jurídicas y políticas que dividirá a la sociedad y meterá en serios aprietos a las y los legisladores potosinos.
¿Es el aborto un asesinato legal?, ¿tiene el feto derechos frente a la madre?, ¿se debe legislar con base en criterios dogmáticos-religiosos, ¿se afirmará a través de la legislación local el Estado laico frente a las pretensiones fundamentalistas de corte religioso?, ¿es un derecho humano de las mujeres poder decidir sobre su salud, su cuerpo y su vida sexual? Todas éstas son preguntas cargadas de dinamita articularán el debate público cuando el Congreso del estado no pueda ya evadir su responsabilidad de derogar todas aquellas leyes que criminalizan el aborto.
El espinoso tema empezó a presionar la agenda legislativa local luego de que el pasado 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el amparo en revisión 267/2023, en el que decretó la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal Federal. El efecto que tendrá esta decisión tomada por el máximo tribunal del país es que deberá culminar con la derogación del tipo penal que criminaliza el aborto, es decir, llevará a que todas las leyes que criminalizan esta práctica en los estados (códigos penales y otros dispositivos legales) deberán derogarse.
A partir de ahora ninguna mujer irá a la cárcel por decidir abortar, y las instituciones públicas de salud tendrán forzosamente que prestar el servicio sin escusa ni pretexto.
Digámoslo más claro, estas instituciones no podrán invocar al Código Penal para negar el servicio de aborto a ninguna mujer con capacidad de gestar que acuda a solicitarlo.
Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido es un triunfo que corona exitosamente los esfuerzos de cientos de activistas que han luchado por décadas para lograr acceder a un aborto seguro.
Ahora le toca al Congreso del estado cumplir con lo dispuesto por la Suprema Corte.
En San Luis Potosí diversos colectivos de activistas han promovido juicios de amparo para lograr la despenalización del aborto. Al respecto el Colectivo ILE anunció a principios de septiembre que ha promovido siete juicios de amparo para lograr la despenalización del aborto dentro de las 12 primeras semanas de embarazo. Estos amparos buscan la protección de la justicia para tres modalidades de aborto.
1. Que las niñas puedan acceder a la interrupción legal del embarazo con la aprobación de sus padres;
2. Que mujeres embarazadas puedan realizarlo en un determinado tiempo de gestación, y
3. Que se reconozcan los derechos de autonomía del cuerpo de las mujeres.
La papa caliente está ahora en manos del Congreso del estado y todo indica que en las próximas semanas no les quedará de otra más que proceder a dictaminar la derogación de las leyes que criminalizan el aborto. Así que seremos testigos de un debate cruento y terrible; también brotarán presiones extremas contra las y los legisladoras locales.
Los que se oponen a esta iniciativa sostienen que el aborto es un asesinato legal, que es contrario a la ley de Dios. Que la vida humana es sagrada desde la fecundación del óvulo, que practicar un aborto es una forma de negar el derecho a vivir y que equivale a una sentencia de muerte. Que es un acto moralmente reprobable. Que el feto, sin importar las semanas de gestación, es una persona con derechos plenos. Que el niño(a) (nonato) tiene derechos frente a la madre. Que un feto dentro del vientre materno no está en posibilidades de defenderse.
Ahora bien, en cuanto a los argumentos de los que están a favor sobresale el que afirma que la despenalización del aborto es una demanda civilizatoria que no intenta atentar contra la vida, sino enfrentar un problema de salud pública y defender los derechos de las mujeres como seres humanos. Quienes así piensan rechazan que las Iglesias, sobre todo la católica, presionen para que se legisle con base en criterios dogmático-religiosos.
Consideran que el Estado laico y el laicismo son condición indispensable para el desarrollo libre de las sociedades, sobre todo en materia de sexualidad y reproducción. Afirman que la separación entre Iglesia y Estado debe mantenerse y fortalecerse. Por ello critican con dureza el complot patrocinado por la jerarquía católica y otras Iglesias para reventar las iniciativas proaborto seguro.
Las mujeres partidarias de esta causa sostienen que tienen derecho a decidir sobre su salud, su cuerpo y su vida sexual porque es un derecho humano básico. Afirman que ellas deberían tener el derecho a tomar decisiones sin miedo, violencia o discriminación. Pero en la actualidad se les intimida, discrimina y encarcela por tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida. Argumentan que mujeres y las niñas padecen problemas de salud sexual y reproductiva, que sus derechos sexuales y reproductivos son violados con mucha frecuencia. Denuncian que “a una mujer no le proporcionan anticonceptivos porque no tiene el permiso de su marido. Que a una adolescente se le niega la interrupción del embarazo que podría salvarle la vida porque el aborto es ilegal en el país”. Aseveran que en México hay miles de mujeres que quieren abortar y que se ven obligadas a recurrir a la clandestinidad y a métodos que ponen en peligro su vida. Que los abortos inseguros matan a miles de mujeres al año en nuestro país.
Como puede observarse el tema es complejo, divide y enardece a la sociedad. Por ello es fácil pronosticar que las y los diputados locales van a pasar momentos difíciles para aprobar las iniciativas de ley que buscan despenalizar la práctica del aborto.
