Ángel Castillo Torres.
Octubre 12, 2023
“La corrupción se vale de las fisuras de la opacidad”. Alejandro Estévez, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
La autonomía universitaria no debe ser pretexto para la opacidad y la protección de privilegios. Alumnos, profesores y la sociedad en general deben vigilar que no se cometan abusos al amparo del autogobierno que está garantizado desde nuestra Constitución.
Las autoridades de la UASLP están obligadas a ser transparentes y a rendir cuentas no solo a sus órganos de gobierno interno sino también a la sociedad, a la comunidad universitaria y a las autoridades que les proporcionan recursos públicos para cumplir con su importante labor.
En nuestro país las universidades públicas están obligadas por diversas leyes a informar acerca de su quehacer, así como del adecuado ejercicio de su gasto; todo ello para confirmar que el manejo del dinero que reciben es correcto y transparente. La intención de quienes legislaron al respecto es que se consolide la confianza de la sociedad en sus comunidades universitarias. Pero además, porque las universidades no están exentas de cumplir con el derecho a la información que es un derecho de todas y todos los ciudadanos de México.
En el artículo 3° de nuestra Constitución se establece que las universidades y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Esta prerrogativa les fue concedida para que pudieran, en plena libertad, brindar educación de calidad, promover la investigación y difundir la cultura. Para que estos propósitos pudieran cumplirse se les garantizó la libertad de cátedra con lo cual los universitarios pueden debatir y examinar en las aulas, con una racionalidad crítica y sin restricciones, todo tipo de ideas y credos.
Pero con el paso de los años la autonomía universitaria ha sido pervertida. Algunos rectores ladinos y sus camarillas se aprovecharon del autogobierno para otorgarse privilegios y hacer un uso patrimonialista del presupuesto que recibían de los gobiernos federal y local. También fomentaron la opacidad. Bajo su lúgubre sombra, escondieron privilegios, hicieron negocios, evitaron la licitación de obras y, sobre todo, utilizaron de manera discrecional el dinero que obtenían de ingresos propios.
Es característico de nuestra Universidad que el poder se concentre en el rector y los directores de escuelas y facultades, muchas veces incluso por encima de sus autoridades técnicas y legislativas (Consejos Técnicos y Consejo Universitario). La toma de decisiones no se ha democratizado. No está garantizada la participación directa de académicos y estudiantes en la toma de decisiones o en el nombramiento de autoridades.
Hubo incluso una época en la que una sola facción (El Grupo Universidad) mantuvo un férreo control sobre la vida universitaria e incluso fue proveedora principal de cuadros políticos que llegaron a gobernar por décadas nuestro estado. De esta etapa de nuestro desarrollo político podría dar cátedra el diputado federal Juan Ramiro Robledo quien fue alumno consentido del legendario rector Alfonso Lastras.
Todo lo anterior viene a cuento a raíz de que hace unos días se reveló a la opinión pública las escandalosas pensiones por jubilación y compensaciones que se otorgan a los exrectores y a otros funcionarios de la UASLP manejadas en total opacidad con cargo al presupuesto universitario, específicamente afectando los conocidos y oscuros “ingresos propios”. Con estos dineros y no de su fondo de pensiones, la Universidad paga obscenas jubilaciones, compensaciones y bonos diversos a varios exrectores y a una casta dorada de subalternos que en sus respectivos rectorados actuaron como sus incondicionales.
De recursos propios se destinan “19 millones 28 mil 121 pesos al año para estas élites universitarias, pero lo más indecoroso es que de esta cantidad, 12 millones 783 mil 747 se destinan para consentir a un exclusivo grupo de 35 altos exfuncionarios” (ex directores de Facultades, Secretarios administrativos, Secretarios académicos, directoras de Radio y Televisión Universitaria y quienes en algún momento fungieron como abogados generales de la UASLP.
Con estas jubilaciones de oro se dan la gran vida. Por cierto, entre los que se despacharon con la cuchara grande al respecto se encuentran “en primer lugar Manuel Fermín del Villar Rubio con 973 mil 924 pesos, le sigue José Jaime Valle Méndez con 811 mil 100 pesos y el recién nombrado Secretario de Cultura del gobierno del estado, Mario García Valdés con 752 mil 418 pesos. ¿Qué tal eh? La voracidad y el agandalle total.
Ante estos abusos y zonas de opacidad las autoridades universitarias y los de distintos niveles de gobierno deben actuar para poner un alto. Es inaceptable que esto esté sucediendo en nuestra máxima casa de estudios. La autonomía universitaria no debe ser utilizada para encubrir este tipo de abusos.
Afortunadamente y a raíz de la exhibición de estos inaceptables excesos, la comunidad universitaria a través de algunos de sus líderes más emblemáticos ha empezado ya a exigir que no se dé carpetazo a este vergonzoso enredo y exigen al rector que se ventile con toda su crudeza ante la sociedad los detalles del entuerto para que se ponga orden y no se siga manchando el prestigio de la Universidad.
La Federación Universitaria Potosina, los miembros del Consejo Universitario, el propio rector Alejandro Javier Zermeño y los diversos grupos de estudiantes universitarios integrados en las diversas sociedades de alumnos tendrán que fijar una postura y contribuir a limpiar la cara de la institución universitaria.
