El director del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), José Diego Bárcenas Torres, ante las acusaciones hechas por algunos docentes y trabajadores de la institución, durante las manifestaciones del Día del Trabajo, en las que se denuncia que su administración ha incurrido en irregularidades, como la asignación fragmentada de plazas laborales, infiltraciones sindicales y otras prácticas; ha calificado esas expresiones como: “falsas, desinformadas y motivadas por intereses particulares de un grupo reducido de personas que, al verse impedidos de influir en procesos que hoy son transparentes y meritocráticos, intentan manipular la percepción pública”. Bárcenas Torres, comentó que los procesos de asignación de plazas son públicos, regulados, colegiados, vigilados y estrictamente apegados a la normatividad del Tecnológico Nacional de México, enfatizó.
Explicó que todas las plazas permanentes se concursan en convocatorias públicas, con evaluación de clase muestra, revisión curricular y dictamen por parte de la Comisión Dictaminadora. Dicha comisión es la que tiene la última palabra para las asignaciones. Añadió que el papel de la administración a su cargo únicamente es el de tramitar y formalizar las decisiones de dicho órgano. Lo mismo ocurre con la contratación de personal interino y de honorarios, si bien, normativamente, no se solicita la dictaminación, prevalece el mérito académico, la experiencia y la evaluación de desempeño.
Sobre la presunta fragmentación indebida de 40 plazas, fue contundente al señalar que eso es falso. No hay tal fragmentación, no se han violado procesos ni existe la posibilidad administrativa de que eso ocurra. Esos señalamientos, afirmó, reflejan el desconocimiento de los procedimientos institucionales, normativos y de servicio público, más bien, dijo, son un intento de manipular la información para llamar la atención de la opinión pública.
Asimismo, calificó como infundadas las afirmaciones de que la administración haya promovido cursos de ética para “legitimar asignaciones indebidas” o que se haya infiltrado personal para grabar reuniones sindicales. En este caso, sostuvo, se confunden las funciones formativas del servicio público con competencias sindicales, pues la capacitación en ética es una obligación legal, no una herramienta de presión.
Respecto a la denuncia por la presunta expulsión violenta de una docente interina, José Diego Bárcenas Torres, manifestó que en el Tecnológico no hay policías, se cuenta con guardias privados de seguridad, quienes jamás han sido instruidos para agredir a nadie. No ha existido ningún acto de violencia, ni represalias contra personal, aseguró.
Finalmente, Sobre las quejas contra el delegado sindical, el director recordó que se trata de un representante electo por la base trabajadora y negó que exista manipulación alguna de su parte. La dirección siempre ha respetado la vida interna de la organización sindical, que tiene su propio estatuto, con funciones y competencias muy claras.
