Toño Martínez
Marzo 01, 2019
Ingenio “Alianza Popular” es del ex presidente acusan, pero falsea declaraciones y no paga utilidades
Uno de los cuatro ingenios azucareros de San Luis Potosí, el “Alianza Popular” de Tambaca municipio de Tamasopo, que se afirma es propiedad del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, fue señalado por obreros como evasor de impuestos, luego de que durante varias zafras ha presentado carátulas alteradas de sus ingresos a la Secretaría de Hacienda, y negado el pago de utilidades a los trabajadores.
Dicen que aunque la industria aparece como propiedad del Grupo Industrial Santos, solo están ocultando el nombre de su verdadero dueño, Salinas de Gortari.
Trabajadores de la empresa -que por cierto en Enero de este año fue clausurada por le Comisión Nacional del Agua por rebasar los parámetros de descargas de aguas residuales señalados en su permiso contaminando el río “Gallinas”-, solicitarán a la Secretaría de Hacienda abra una investigación sobre las declaraciones fiscales anuales del ingenio, al considerar que presenta menos ingresos que las que percibe, y por consecuencia disminuye o evade de plano el pago de impuestos y de utilidades.
Obreros cuestionan que una fábrica ganadora de primeros lugares nacionales en eficiencia y productividad por el rendimiento de azúcar que ha obtenido en diversas zafras, no tenga utilidades.
Cada molienda procesa un promedio de 1 millón de toneladas de caña con un rendimiento de azúcar superior a la media regional y nacional en diversas épocas.
Sin embargo las corridas de fábrica, plasmadas en bitácoras de molienda y elaboración de azúcar son alteradas.
Lo demuestra el hecho de que en el año 2002 reportó ganancias de solo 200 millones de pesos, y aunque de ello debió repartir un 20% de utilidad a los trabajadores, solo les ofreció 20 millones pero no los pagó.
Luego en las zafras del 2004, 2005 y 2006 los empresarios quisieron hacer lo mismo es decir escamotear el reparto de utilidades establecido en la ley a los obreros, quienes tuvieron que recurrir a protestas y presiones para recuperar su dinero.
De la molienda 2017-2018 les ofrecieron solo 8 millones de pesos, pero no es lo legal.
Un problema agregado, es que los líderes sindicales no mueven un dedo para defenderlos. Es común que los delegados sean llamados a la capital del país cuando hay reclamos, y regresan para decir que todo está bien.
El actual secretario general de la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, Rafael Sornio Murga está siguiendo el mismo patrón.
Confiados en el esquema de combate a la evasión fiscal y combate a la corrupción que lleva a cabo el nuevo Gobierno de la República encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores esperan en que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) investigue la situación fiscal del ingenio “Alianza Popular”, y aunque sea de Salinas Gortari lo someta a la ley, para que ellos puedan tener acceso al pago legal de sus utilidades.
