Dr. Jaime Chalita Zarur.
Tanto va el cantarito al agua, hasta que se rompe. Proverbio popular.
Es la libertad de expresarse, no son las personas que informan. Las ideas tienen que fluir no silenciarlas.
La discusión sobre la regulación de los medios de comunicación y los derechos de las audiencias en México vuelven periódicamente al centro del debate nacional con una pregunta de fondo: ¿dónde termina la protección al ciudadano (en este tema) y dónde empieza la censura de Estado? Cada vez que se intenta normar la delgada línea entre la información veraz y la opinión, o ajustar la autonomía del órgano regulador, el fantasma de los modelos informativos de Cuba, Venezuela o Rusia reaparece en el discurso público.
El origen del conflicto se centra en separar la verdad del juicio.
El meollo de la controversia en torno a los Derechos de las Audiencias ha girado históricamente alrededor de una exigencia aparente y deseable: que los concesionarios de radio y televisión distingan con claridad cuándo están informando sobre un hecho y cuándo están emitiendo una opinión.
A simple vista, el concepto parece impecable para el consumidor de noticias. Sin embargo, en la práctica periodística y jurídica, la implementación levanta serias alertas:
El dilema de la fiscalización: ¿Quién decide qué es opinión y qué es dato objetivo? Si la respuesta es un organismo público o estatal, la regulación se convierte en un filtro de vigilancia.
El efecto inhibidor: Ante el riesgo de sanciones administrativas o legales, medios y comunicadores tienden a la autocensura previa para evitar litigios.
La anatomía del control estatal
Cuando la crítica equipara la legislación mexicana con regímenes autoritarios, se hace referencia a modelos donde el Estado no solo regula, sino que monopoliza o somete por completo el ecosistema de medios.
En México, el panorama actual guarda distancias sustanciales con estos extremos. Existe un ecosistema plural, ruidoso e hiperactivo de medios privados, digitales y comunitarios. Sin embargo, el peligro no requiere de un golpe de Estado informativo para ser real.
Los verdaderos riesgos del modelo mexicano
La tentación de moldear la opinión pública existe en cualquier administración, independientemente de su signo ideológico. En el caso mexicano, las alertas no provienen necesariamente de la instauración de una «prensa única», sino de presiones más sutiles pero igualmente perjudiciales:
1. La captura o debilidad institucional: Restar autonomía a los órganos reguladores (como el IFT) para concentrar las decisiones en el Ejecutivo debilita el contrapeso democrático.
2. La asignación opaca de la publicidad oficial: El uso de la pauta pública como mecanismo de premio o castigo económico para la línea editorial.
3. La violencia estructural: Más allá de las leyes, el mayor enemigo de la libertad de expresión en México sigue siendo la impunidad ante los ataques y agresiones contra periodistas en las regiones del país.
Un equilibrio delicado
Defender los derechos de las audiencias es indispensable en una era dominada por la desinformación y las noticias falsas. La ciudadanía merece transparencia y ética periodística, venga de donde sea, de cualquier persona.
No obstante, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. La línea que separa la protección del consumidor de la tutela informativa del Estado es sumamente delgada. No estamos ante el escenario de la televisión estatal cubana ni ante la censura de guerra rusa, pero la vigilancia ciudadana debe mantenerse activa.
Así, cualquier norma que le otorgue al poder político la facultad de calificar la verdad periodística es un paso en la dirección equivocada.
@jaimechalita
