Toño Martínez
Mayo 07, 2019
Acuerdos van y acuerdos fallan; mientras ya debe 35 millones de pesos de luz y sueldos desde hace 6 meses.
Pasaron seis meses y entramos a 7, de que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Agua Potable estalló un movimiento de huelga demandando la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, y a estas alturas el asunto ha caído en un pantano de posturas cerradas de las autoridades municipales para encontrar puntos de solución, cuestionamientos relacionados con las exageradas cláusulas del documento, y fallidas intervenciones oficiales al más alto nivel oficial sin ningún viso de arreglo.
¿Quién tiene la razón? ¿Qué manos tenebrosas intervienen para impedir acuerdos? ¿Por qué los compromisos virtuales por parte del alcalde Adrián Esper Cárdenas como presidente de la Junta de Gobierno para destrabar el conflicto no se cumplen?
¿Hasta dónde Alejandro Ballesteros Corona, líder del sindicato, es serio en sus planteamientos de sacrificar demandas del pliego petitorio para liberar la operatividad del organismo?
Y finalmente; ¿Cuál es el riesgo de que el agua potable caiga en un estado de paralización que afecte al servicio que presta a los consumidores?
Desde el estallamiento del paro el 31 de Octubre del 2018, entre controversias sobre su legalidad que finalmente fue sustentada en un amparo concedido por la Justicia Federal, las posturas entre la Dirección a cargo de Marco Antonio Guillén Rivera, el presidente de la Junta de Gobierno Adrián Esper Cárdenas y el sindicato liderado por Alejandro Ballesteros Corona, fueron radicales.
Los primeros se negaron a reconocer la legalidad y advirtieron que no cederían en ninguna exigencia del gremio; acusaron a Ballesteros Corona de amenazar con quebrantar al organismo por sus pretensiones económicas fuera de toda proporción como era su costumbre, y que la DAPA no podía seguir consecuentando excesos de ese tamaño.
Pero, Alejandro Ballesteros los acusó a su vez de violentar la ley, de ser ineptos para manejar al organismo, de no haber sido capaces de reducir los sueldazos que percibe el personal de confianza ni los despilfarros.
Señaló que contrario a las palabras del alcalde, regidores y funcionarios municipales buscaban colocar a recomendados, amigos y parientes en la nómina de la DAPA que ya de por si estaba muy cargada.
En medio de todo ello, Manuel Lozano Nieto, Secretario de Trabajo y Previsión Social mantenía un extraño mutismo sobre el reconocimiento de la huelga, y ni la recomendación del Gobernador Juan Manuel Carreras López, y los oficios del secretario general de Gobierno Alejandro Leal Tobías lograron destrabar el problema, a pesar de los acuerdos precarios entre ambas partes.
Interviene un tercer factor que precisamente usó Conciliación para no reconocer la huelga como legal, y fue que el Sindicato Articulo 123 con respaldo de un gremio de trabajadores de palenques y centros nocturnos disputaba el contrato de trabajo a Ballesteros Corona.
Finalmente este tema fue pospuesto; se llevó a cabo un recuento de trabajadores para determinar si querían que continuara la huelga o se levantaba, y ganó la mayoría por el sí.
Entonces Conciliación declaró existente la huelga,
Para enredar más el caso, Alejandro Ballesteros Corona fue “cesado” como empleado en Enero, pero conservó su rango de secretario general del sindicato que sostiene ahora.
Surgieron demandas penales y laborales por retención de salarios, la sustracción de 11 vehículos del taller de la DAPA por parte del abogado de la dirección Edgar Enrique Sánchez González mediante una presunta autorización de un juez, que solo permitía la liberación de tres.
Un Juez ordenó liberar las cajas recaudadoras del organismo para mantener el flujo de ingresos que garantizaran seguir prestando el servicio en medio de la huelga.
En ese estado de cosas y tras varios intentos de arreglo autorizados incluso por el alcalde Adrián Esper pero neutralizados por el director Guillén Rivera, surgió hace dos semanas un acercamiento y un acuerdo precario entre el presidente municipal y líder sindical, en presencia de Alejandro Leal Tobías, Manuel Lozano Nieto y de otros funcionarios.
El alcalde ofrecía entregar al sindicato el 25% de la recaudación desde hace varios meses en lo inmediato – pero iba a deshacerse de 100 trabajadores sindicalizados porque no los necesitaba.
Manuel Lozano Nieto le observó que para ello debía contar con recursos para pagar indemnizaciones; ya no hubo comentarios.
Guillén Rivera observó que no tenían dinero para liquidaciones, y hasta ahí llegaron.
Es decir, las cosas siguen exactamente igual que al principio y el problema, lo verdaderamente preocupante es ¿por cuanto tiempo podrá la DAPA con los dos millones de pesos mensuales que cobra a través de recibos, sostener las operaciones del organismo y garantizar que los 50 mil usuarios se queden sin agua ni movilidad para atender fallas tanto de la red del líquido como del drenaje?
Tan solo –palabras de Marco Antonio Guillén Rivera-, la DAPA debe 35 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad por suministro y si no les han cortado la luz, es por gestiones de comprensión y un favor especial.
Alguien tiene que ser sensato y responsable socialmente hablando, porque estamos hablando del primer servicio básico que sostiene a un pueblo: El agua.
