Miguel ángel Guerrero Arriaga
Septiembre 30, 2020
Ahora que se han reanudado las exigencias de los colectivos feministas de que se despenalice el aborto con manifestaciones de inconformidad nacionales estatales los diputados locales se quiebran la cabeza tratando de buscar una salida legislativa a la presión que en ese sentido ejercen los grupos de mujeres pro aborto por lo que, dicen, su derecho a decidir sobre su cuerpo lo que mantiene viva la polémica entre los que se oponen a su legalización auto señalándose como defensores de la vida.
Lamentablemente, con el fin de evadir una eventual detención por parte de las autoridades son muchas las mujeres que pierden la vida al someterse a un aborto que normalmente se practica clandestinamente en sitios insalubres por personas impreparadas con instrumental terrible como ganchos de alambre y objetos inadecuados que llevan a fatales desenlaces, además de que si la mujer que abortó es encontrada por la policía es sancionada con un largo tiempo en la cárcel.
Por esa razón sería bueno que nuestros diputados aprendan en cabeza ajena y analicen lo que se ha hecho para frenar esas prácticas ilícitas en otros lugares paras frenar el fenómeno que tantas pérdidas de vidas ocasiona.
Desde luego, el ejemplo más destacado en ese sentido se dio en la capital del país el 2007 cuando la asamblea legislativa no solo despenalizó el abortó sino que creó el marco para que las mujeres que deseen interrumpir un embarazo lo hagan en condiciones médicas y sanitarias que no pongan en riesgo su vida.
Como es sabido, los asambleístas aprobaron la interrupción del embarazo siempre y cuando se solicitara dentro de las primeras doce semanas de gestación y ojo, en lo que sigue es para atención de los diputados locales, y se estableció que todas las instituciones públicas de salud las atendieran lo que ha originado que un buen número de mujeres potosinas hayan acudido a la CDMX cuando han requerido, o deseado, abortar.
Según pudimos indagar, no son muchos los requisitos para recibir esa atención en los centros hospitalarios de la capital del país pues al presentarse a solicitar la interrupción del embarazo que es solo para residentes de allá deben presentar una identificación oficial y comprobante de domicilio, aunque, en caso de las menores de edad se les pide acta de nacimiento comprobante de domicilio y su CURP con la exclusión del requisito de 12 semanas de gestación cuando el embarazo haya sido producto de una violación o se compruebe que la vida de la mujer corre peligro.
Así entonces, en virtud de que en la Ciudad de México no han tenido problemas para llevar adelante dicho sistema no sería muy complicado aplicarlo aquí con el apoyo de las instituciones de salud públicas y con las salvedades que eviten descontroles en la atención a las obligadas normas que deben implantarse pues ya es tiempo de poner un hasta aquí a la polémica generada por la exigencia de los grupos feministas del derecho de decidir sobre su cuerpo además de que si lo hacen o no allá ellas y su conciencia.
