Ángel Castillo Torres.
Octubre 19, 2023
No por venganza, sino por justicia, algunos exgobernadores podrían ir a la cárcel. Hay sospechas de que abusaron de su puesto. Se presume que ellos y una parte de los que fueron sus principales colaboradores le metieron mano al tesoro público en su beneficio. Lo hicieron con sigilo, con precisión y maestría. Como lo haría el legendario Fantomas, el rey de los ladrones.
Según esta hipótesis se hartaron de delinquir. ¿Quién lo diría?, parecían tan decentes, con cara de mustios, envueltos siempre en una candorosa aura de decencia. Pero resulta que nos engañaron, estaban fingiendo, detrás de esa apariencia anodina habitaba un delincuente de cuello blanco.
Por eso ahora que el gobernador Gallardo ha denunciado que algunos exgobernadores y sus esbirros presuntamente saquearon las arcas públicas nos irrita comprobar que detrás de esa apariencia de recato se escondía un secta de sofisticados cleptócratas.
Ha trascendido que existen diversas carpetas de investigación debidamente integradas en las que se documenta la comisión de presuntos actos de corrupción por parte de algunos exgobernadores. De comprobarse la especie los implicados podrían convertirse en huéspedes distinguidos del hotel de cinco estrellas y un diamante conocido como La Pila.
Según declaraciones hechas hace unos días por el gobernador Ricardo Gallardo los exmandatarios y sus secuaces habrían malversado poco más de 4 mil millones de pesos. ¡Una barbaridad, un abuso!, una conducta que merece ser castigada de conformidad con lo que establece nuestro código penal y la ley de responsabilidades de los servidores públicos. No hacerlo fomentaría la impunidad y sería una burla para los potosinos.
Corrupción e impunidad son dos desgracias que envenenan la relación entre ciudadanos y clase política, desprestigian al gobierno y ocasionan fuertes quebrantos a las finanzas públicas. La sociedad está harta de este cáncer y exige que se castigue a quienes, a la mala, se agenciaron de nuestros impuestos. Ante una opinión pública sensible a los actos de corrupción el anuncio del gobernador de meter a la cárcel a quienes traicionaron la confianza del pueblo hace renacer la esperanza de que pagaran por sus fechorías.
Juan Manuel Carreras en capilla.
Todo apunta a que uno de los exgobernadores con más méritos para ser llamado por la Fiscalía del estado para que responda por irregularidades cometidas durante su desastrosa administración es el güerito Carreras.
Luego de que dejará el gobierno, hace poco más de dos años, salieron a la luz pública un sin número de casos con apariencia de corrupción. Incluso, algunos de los que fueron sus principales colaboradores ya estuvieron en la cárcel al comprobárseles su mal proceder. Otros no se han dejado atrapar por el largo brazo de la justicia pero la guadaña se aproxima zigzagueante a sus cabezas para cortárselas. Algunos de estos sospechosos ofician como diputados y regidores, otros más se han ido del país y el resto se encuentran escondidos y con amparos en el bolsillo para evitar que les echen el guante. La persecución de estos funcionarios va en serio. Ellos lo saben y los presuntos delincuentes viven aterrorizados. No se les borra de la mente los casos de la doctora Mónica Rangel, Jaime Pineda, Leopoldo Stevens y el doctor Miguel Ángel Lutzow que ya vivieron la amarga experiencia de estar tras las rejas.
La pregunta que todos nos hacemos es: ¿Estaba enterado y participó en esta confabulación el exgobernador Juan Manuel Carreras? Pronto lo sabremos.
Algunas de las más reveladoras irregularidades encontradas en dependencias del gobierno carrerista son:
1-. La Auditoria Superior del Estado (ASE) reportó que la Secretaría de Salud acumuló los mayores montos observados, se le llegó a descubrir anomalías por 765 millones de pesos en 2020, y 332 millones en 2019.
2-. A Jaime Pineda Arteaga, ex secretario de Seguridad con Juan Manuel Carreras se le detuvo por cometer los supuestos delitos de: ejercicio abusivo de las función pública, uso ilícito de atribuciones y facultades en su cargo y ejercicio ilícito del recursos públicos por la renta de un inmueble a nombre de la dependencia para oficinas públicas.
3-. Leopoldo Stevens, ex secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), fue detenido el 2 de septiembre de 2022 al imputársele el presunto desvío de recursos que asciende a 22 millones de pesos por la obra de Red Metro y la fraudulenta construcción del Parque Tangamanga de Matehuala.
4-. El doctor Miguel Ángel Lutzow, ex titular de los Servicios de Salud, quien sustituyó a Mónica Rangel, fue encarcelado por el presunto desvío de 31 millones de pesos destinados a adquisiciones irregulares a una empresa cuyo representante era ni más ni menos que Gabo Salazar, El Rey del Emprendimiento, quien también fue detenido.
5-. Red Metro inexistente.- En febrero de 2022 Leonel Serrato Sánchez, a la sazón titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentó una denuncia contra los ex funcionarios y particulares involucrados en el proyecto de la Red Metro, mismas que quedaron inconclusas y que pese a ello, se pagaron en su totalidad. Ello implicó un gasto de 380 millones de pesos para el gobierno del estado, pero al iniciar el gobierno de Ricardo Gallardo no existía el carril confinado, ni paradas de autobús; tampoco estaban las 22 unidades del transporte, aunque se pagaron 4 y se comprometió el pago de las otras tantas.
6-. Aeropuerto de Tamuín. – El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha dado a conocer que se abrió una investigación contra tres ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras, los cuales laboraban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la compra de un terreno con sobrecosto de aproximadamente 35 millones de pesos y que, además, no es apto para la construcción, debido a que presenta hundimientos. El gobernador ha sostenido que el terreno fue comprado por 54 millones, aunque se calculó que no vale ni 15 millones de pesos. Agregó que ya se tiene identificadas a las personas que firmaron el acuerdo de compraventa.
7-. Compras de tóner y equipo de cómputo bajo sospecha-. La Contraloría General del Gobierno del Estado dio a conocer hace meses que desarrolla una investigación contra exfuncionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López por la sospecha de haber realizado compras de insumos de cómputo a sobreprecio, que habrían favorecido en contratos por 189 millones de pesos a un outsourcing, esto durante el periodo de contingencia provocado por el COVID, cuando la mayoría de los burócratas y funcionarios se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa.
8-. Cámaras de videovigilancia para la zona industrial compradas con sobreprecio-. Existen varias carpetas de investigación para identificar a los responsables de la adquisición de cámaras de videovigilancia para la Zona Industrial que fueron compradas a sobreprecio. Este equipo es de mala calidad y no sirven para el propósito que fueron adquiridas, no poseen la nitidez ni la calidad visual necesaria para su óptimo funcionamiento, pero aun así fueron pagadas al doble de su precio original.
Psicología de un corrupto.
Algunos expertos como Kendra Dupuy, economista política y Siri Neset, psicóloga política han encontrado en sus investigaciones acerca de la corrupción que esta conducta psicópata se presenta por las siguientes razones:
1-. Los individuos con algún grado de poder son más propensos a actuar corruptamente.
2-. Es más probable que las personas actúen de manera corrupta cuando pueden obtener beneficios personales, ello porque tienen poco autocontrol, perciben que la corrupción sólo causará un daño indirecto y sobre todo cuando trabajan en organizaciones donde no se castiga el comportamiento poco ético. Por eso se arriesgan.
3-. Los individuos son propensos a aceptar riesgos ante buenas recompensas y a tener una baja aversión al riesgo a fin de obtener beneficios personales que les permitan enriquecerse.
4-. Las narrativas de racionalización que cada individuo construye en su mente para justificar su actuación corrupta parecen facilitar la corrupción.
5-. Emociones tales como la culpa, pueden hacer menos propensos a los individuos a realizar acciones corruptas.
