Se debe velar siempre por su bienestar integral, su desarrollo pleno y el respeto de sus derechos fundamentales
El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, así como al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que, en estricto apego a los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el marco de sus atribuciones, promueva la implementación, refuerzo y ampliación de políticas públicas y programas que tengan como objetivo primordial la prevención, atención y erradicación de cualquier forma de violencia que afecte a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, velando siempre por su bienestar integral, su desarrollo pleno y el respeto de sus derechos fundamentales.
La propuesta del diputado Luis Felipe Castro Barrón, señala que la violencia contra los niños, niñas, adolescentes y jóvenes constituye una grave vulneración a sus derechos humanos, que no solo afecta su integridad física y emocional; sino que también socava sus oportunidades de desarrollo y bienestar. Es una de las problemáticas sociales más graves y persistentes en México y en el mundo; y que entre los principales son el maltrato físico y psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que puedan causarles daño a la salud y a su desarrollo integral.
Es innegable que la violencia en cualquiera de sus formas tiene efectos devastadores a largo plazo en la vida de los menores, afectando su salud mental y emocional, su capacidad para aprender, y su capacidad para desarrollar relaciones saludables en el entorno en el que se desarrollan. Además, las víctimas de violencia son más susceptibles de caer en patrones de abuso, lo que perpetúa un ciclo generacional de violencia. Por tanto, la intervención temprana y la creación de políticas públicas eficaces son fundamentales para frenar esta problemática.
La implementación de políticas públicas y programas dirigidos a la prevención y erradicación de la violencia no solo debe ser una prioridad, sino que constituye una responsabilidad ética y legal del Estado, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. A través de estas políticas, se busca ofrecer un entorno seguro para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollarse física, mental y socialmente en plenitud, sin temor a ser víctimas de violencia.
La propuesta de Punto de Acuerdo aprobada, señala que La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, responde a la necesidad urgente de coordinar esfuerzos interinstitucionales que fortalezcan la prevención, y sobre todo la detección temprana y erradicación de la violencia en todos los entornos que rodean a los menores, especialmente en las instituciones educativas, que son espacios fundamentales para su desarrollo y formación. La escuela no debe ser solo un lugar de aprendizaje académico, sino también un espacio seguro, donde se promueva el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.
