Diputadas del PVEM alzan la voz desde el Congreso
Con determinación desde el Poder Legislativo, las diputadas federales Leonor Noyola Cervantes y Graciela Gaytán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), condenaron las presuntas irregularidades vinculadas al empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa. Las legisladoras demandaron una investigación exhaustiva sobre los contratos por más de 520 millones de pesos obtenidos a través de Pemex, así como sobre la presunta red de empresas factureras implicadas en lavado de dinero y corrupción.
“Es inaceptable que se utilicen influencias políticas para enriquecerse a costa del pueblo mexicano. Esto no puede ser una extensión de la ‘herencia maldita’ en San Luis Potosí. Bajo la administración de la 4T no debe haber amiguismos ni protecciones. Si se confirman las irregularidades, exigimos castigos ejemplares. México necesita justicia y transparencia,” expresaron las diputadas.
Ambas legisladoras reiteraron su compromiso de no permanecer indiferentes ante estas denuncias. Desde el Congreso de la Unión, se comprometieron a impulsar medidas para que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúen sin favoritismos ni sesgos políticos.
“Estamos vigilantes y exigiremos rendición de cuentas. No podemos permitir que los recursos de los mexicanos sean desviados a través de actos de corrupción. Nuestra labor es fiscalizar y garantizar que el país avance hacia un futuro con instituciones más fuertes y confiables,” añadieron.Reportes periodísticos y denuncias documentadas indican que Gerardo Sánchez Zumaya habría utilizado una red de empresas fantasmas para triangular recursos y evadir responsabilidades fiscales, simulando servicios a Pemex. Ante esto, las diputadas recalcaron que no es solo un problema económico, sino un golpe a la confianza ciudadana en las instituciones públicas.“Exigimos una investigación transparente y sanciones ejemplares. La impunidad no puede ser una opción para quienes dañan el patrimonio de México. Este caso debe marcar un precedente para demostrar que la corrupción no tiene cabida en nuestro país,” enfatizaron.Finalmente, Leonor Noyola y Graciela Gaytán señalaron que este caso representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de transparencia en la asignación de contratos, especialmente en sectores estratégicos como el energético. “Seguiremos trabajando para que justicia y transparencia sean la norma, no la excepción. México necesita un cambio real, y el combate a la corrupción es el primer paso para lograrlo,” concluyeron.
