Toño Martínez
Mayo 20, 2026
¿Ustedes creen que Estados Unidos va a facilitar extraditar a México a 269 presuntos criminales cuando lo que menos se tiene a nivel internacional es desconfianza en el sistema judicial mexicano ligado al Gobierno de la que dicen es la cuarta transformación y sujeto a ediciones políticas no jurídicas? La respuesta es obvia. No.
Otra cosa, porqué hasta ahora que el gobierno de Donald Trump destapa la cloaca de la vinculación gobierno- delincuencia solicitando la extradición del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y 10 colaboradores en cargos claves -dos de los cuales ya se entregaron- el General Gerardo Mérida Sánchez nada menos que ex secretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega ex titular de Administración y Finanzas -la presidenta, además de defender con uñas y dientes a esas figuras que representan el peor mal de México y asume el reto desventajoso de «me das y a lo mejor te doy».
Es ahora cuando demanda a los vecinos que le manden al empresario Víctor Manuel Alvarez Puga y a su esposa Inés Gómez Mont acusados de lavado de dinero, facturaje y evasión fiscal entre otros si desde hace cuatro años los denunciaron en México pero luego los cubrieron de impunidad.
Lo que está haciendo la presidenta es usar el tema de las extradiciones como un distractor, primero tratando de envolver en una cortina de humo a los funcionarios que quiere Estados Unidos por cargos criminales y segundo, aligerar las críticas por la debacle que sufríió su partido, MORENA, en Chihuahua cuando intentaron hacer una mega manifestación para exigir el desafuero de la gobernadora Maru Campos y condenarla por traición a la patria, pero les salió el tiro por la culata.
Presidenta ya asuma su responsabilidad de estar a favor del pueblo y no de la delincuencia, deje de jugar a las patadas con sansón y limpie la herencia maldita que le dejó López Obrador.
