Filiberto Juárez Córdoba
Domingo 01 de marzo de 2020
AHORA RESULTA que tenemos dirigentes empresariales y representantes de instituciones privadas de puro membrete. Al menos así se deduce por un desplegado que publicaron, en el que no aparecen nombres ni firmas, sólo los logotipos o membretes de las instituciones. Ya nomás falta que en las reuniones que hagan se presenten encapuchados. Una de las características de los dirigentes empresariales serios, cuando intervenían en temas políticos -y de todo tipo- era dar la cara, firmando los documentos públicos que emitían. En dos desplegados, los actuales han dejado de manifiesto que eso ya pasó a la historia. De la política pasaron a la politiquería, lo interesante sería saber si para meterse en lo que se están metiendo consultaron a sus representados o tomaron en cuenta la visión y la misión de las instituciones que involucran en su discrepancia con el Poder Legislativo. COPARMEX, el Banco de Alimentos, Nuestro Centro, la Universidad San Pablo, la CANACOPE, así como las demás organizaciones, tienen fines sociales muy específicos y en nada abona a su causa andar comprando pleitos ajenos. Tan buen nivel que presumen, se dijo en un corrillo cafeteril, para que salgan con eso.
LOS ORGANISMOS empresariales, organizaciones de la sociedad civil y universidades firmantes, dicen de entrada y sólo ponen logotipos. Será que nadie les ha dicho que firma, en la primera acepción del Diccionario de la RAE, significa: “1. f. Nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido”. En otra definición, firma es el trazo, título o gráfico que un individuo escribe a mano sobre una documentación con la intención de conferirle validez o de expresar su conformidad. La firma permite identificar al creador o destinatario del documento. A través de dicho dibujo, es posible verificar la integridad de los datos contenidos. Se puede distinguir entre la firma manuscrita o autógrafo, la firma digital, creada a través de una aplicación tecnológica y basada en la criptografía, y la firma en las publicaciones de Internet. Este último tipo de firma suele utilizarse en las cuentas de correo electrónico, generalmente por profesionales, ya que consiste en unas pocas líneas con información de contacto y el título de la persona. Un ejemplo sería «Juan Pérez, Diseñador Gráfico, www.juanperez.com». En todos los casos, el nombre aparece, sino es así, el documento, es anónimo, sin nombre pues. Los logotipos y membretes son otra cosa.
LOS ANÓNIMOS o inexistentes firmantes del desplegado, ven con extrañeza el comportamiento de algunos diputados que, según ellos, abusan de su investidura, desacreditan y desprestigian a una institución que tiene como función construir leyes que preserven el estado de derecho, la sana convivencia y la igualdad entre los potosinos y, por el contrario, por intereses mezquinos, están confundiendo y distrayendo a la ciudadanía y abonando a la incertidumbre y zozobra en tiempos en los que lo que se requiere en la capital, es paz, armonía y tranquilidad. Ni que los diputados dieran para tanto. Para no dejar dudas de su decisión, los firmantes sin firma, le dicen a los diputados y a quien les siga la corriente, que no permitirán que se denueste y denigre a una autoridad municipal elegida por la mayoría de los ciudadanos. Que no permitirán que se quebrante el estado de derecho por oscuros y facciosos intereses. Que no permitirán que vuelva la intranquilidad política a su capital –dicen en su escrito nuestra capital- con las sabidas consecuencias. Exigen a los diputados, ahí aparece el peine, “que han promovido un juicio político sin absolutamente ningún sustento verdadero, se comporten de acuerdo a la investidura y para lo cual fueron elegidos”, luego afirman que San Luis debe permanecer unido para hacer frente a los retos nacionales promoviendo una imagen de tranquilidad y progreso sostenido para los que aquí vivimos por generaciones. Ya encarrerados y decididos a constituirse en garantes del bienestar de los sanluiseños, manifiestan: “nos declaramos en sesión permanente como observantes y vigilantes de que se respete la paz social y el estado de derecho de nuestra capital”.
CONVERTIDOS EN AUTÉNTICOS chapulines colorados se disponen a defendernos, lo cual está bien y hasta se les puede agradecer, pero andan algo confusos y confundidos, confusos en sus planteamientos y confundidos en lo que se refiere al tema del juicio político. No son precisamente diputados los que lo están promoviendo. La Ley de Juicio Político, en su artículo 13, establece: “Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia contra un servidor público de los que señala el artículo 7º de esta Ley, por las conductas que dan lugar a juicio político conforme a los artículos, 8º, 9º y 10, de esta Ley”. El artículo 3º, por su parte dice: “La autoridad competente para aplicar la presente Ley será el Congreso del Estado”. Si hay una denuncia de alguien, el estado de derecho que invocan exige que el Congreso aplique el procedimiento correspondiente. Que es precisamente lo que se está haciendo sin que eso quiera decir que Xavier Nava va a terminar culpable. A un proceso normal, se le están dando, por quién sabe qué intereses, connotaciones que en lugar de ayudar a quien está señalado le están generando suspicacias. Si una mala actuación y algunas omisiones generó la solicitud de juicio político, una mala reacción puede resultar contraproducente. Con ayudas así no hacen falta enemigos. NOSOTROS DECIMOS:
Sin conocer los encuadres
Que tiene el político oficio,
De Nava hacen sus compadres
¡Una defensa sin juicio!
