El Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona no debe tratar a sus empleadas y empleados como “potosinos de segunda clase”, ni hostigar a personal discapacitado de seguridad pública.
La Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), Ana Verónica López Chávez demandó al Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona no tratar a sus integrantes como “potosinos de segunda clase” y reconocerlos como ciudadanos, además de cesar los despidos ilegales en contra de trabajadores discapacitados de seguridad pública, pues denunció que persiste en forzarlos a prestar el servicio activo, cuando no tienen las condiciones para brindarlo.
En conferencia de prensa, señaló que de igual forma, el mandatario estatal presiona financieramente al Sindicato al retener ilícitamente los recursos de sus integrantes en cuotas, caja de ahorro y préstamos, así como los fondos que le corresponden por la relación contractual con el Poder Ejecutivo del Estado, al señalar que ni el secretario de finanzas, Salvador González Martínez, el titular de la Dirección de Pensiones, Jorge Adalberto Escudero Villa y el oficial mayor, Noé Lara Henríquez atienden tal problemática.
“El Gobierno del Estado sigue atropellando los derechos de las y los trabajadores discapacitados de seguridad pública, al querer obligarlos al servicio activo, a pesar de que no tienen las condiciones para portar y utilizar armas de fuego, ni para realizar rondines, o atender las denuncias de la población, porque carecen de las habilidades físicas y psicológicas para realizar tales laborales, al tener secuelas en sus cuerpos por los años de servicio que prestaron a la población”, dijo.
Refirió que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce a tales empleadas y empleados como trabajadores discapacitados administrativos, y por tanto protege sus derechos laborales, pues dijo que el organismo mundial emitió una recomendación al Gobierno del Estado para que respete sus condiciones de trabajo, incluyendo horarios, funciones y sitios de adscripción, por los abusos que, ayer como hoy, comete la autoridad estatal en su contra al hostigarlos, amedrentarlos y presionarlos.
Indicó que Gallardo Cardona no puede seguir discriminando a las y los integrantes del SITTGE, “porque debe de reconocernos como sus trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo como ciudadanas y ciudadanos del estado que gobierna, y por tal, debe respetar nuestros derechos humanos y laborales, porque no le pedimos más que lo que marca la ley”, pues destacó que el Gobernador los difama, agrede y reprime por defender la legalidad y exigir solución a sus justas demandas.
Por eso le demandó el cumplimiento de la minuta del 8 de abril del 2022 y del compromiso que el mandatario estatal asumió con el SITTGE el 22 de febrero pasado para resolver toda su problemática.
En tanto, la integrante de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular (CMAP), Gabriela Abigail Wong Rodríguez señaló que a pesar de que el mandatario estatal dice promover el empleo, en forma contradictoria se lo quita a sus propias y propios empleados, cuando debe reconocer que son quienes lo ayudan a hacer realidad sus programas, obras y acciones, por lo que debe respetar sus derechos.
