Toño Martínez
Febrero 22, 2019
“Mientras el zacate crece, el burro se muere de hambre” dicen ganaderos sobre los 5 años para consolidar la corporación.
Cinco años que establece el proyecto general sobre la Guardia Civil para su consolidación son muchos para el sector ganadero potosino, que pierde millones de pesos anuales por el robo de vacas, cabras, equipos, cerdos, borregos, así como de infraestructura pecuaria, al grado que ahora mismo, en Febrero de 2019, quiebra a pequeños productores y pone en riesgo a los medianos y grandes.
San Luis Potosí ocupa el 5º lugar nacional en este delito y ni las promesas de Procuradores sobre estrategias, operativos policiacos efímeros, creación de fiscalías especializadas para atender denuncias sobre robos de ganado han funcionado.
Los factores básicos son: falta de vigilancia, desconfianza en Ministerios Públicos, y que los policías ministeriales les piden dinero para gasolina y las “gorditas” para investigar.
No para ahí la corrupción, porque luego viene la parte de las averiguaciones ausente de inteligencia y rumbo.
A los MPs no le tienen confianza: se crearon la fama de pedir dinero para agilizar las denuncias, eso sin contar que hay abogados que a nombre de los fiscales solicitan moches a las víctimas “para el MP” y se quedan con una tajada.
Hasta policías están involucrados en el delito, como ocurrió en Tamuín donde quien era director de Seguridad Pública Municipal de, José Antonio Diego fue detenido en Diciembre de 2017 por haber robado 24 reses de las empresas Gussi.
Los bovinos eran sustraídos de corrales de la empresa por agentes a su mando, y los mataban para hacer barbacoa.
El colmo de la impunidad fue en octubre del mismo año, cuando fueron robadas 120 cabezas de ganado de dos ranchos en una sola noche, y llevadas rumbo a Tampico en dos tráileres.
Sospechosamente nadie se dio cuenta, ni el personal de casetas, patrullas de vigilancia.
Uno de los argumentos de la Fiscalía antes Procuraduría para no actuar, es que los ganaderos no denuncian.
En efecto las acusaciones son pocas, pero es que no les tienen confianza a los fiscales.
Aun así, en 2012 fueron presentadas 243 denuncias y en 2016 llegaron a 229.
Pero, como ha reconocido el presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca, Manuel Valdez Galicia, en realidad son muchos más los robos pero la gente prefiere callarse.
En ese entorno, el fin de semana anterior los ranchos La Rosita, El Milagro y Los Ángeles, de Tamuín fueron saqueados por delincuentes.
Se roban como señaló por su parte José Luis Ramiro Galero, presidente de la Asociación Ganadera de Tamuín, la más grande en socios del estado, ganado, bombas de riego, tractores, equipamiento, transformadores y hasta muebles de casas.
A los delincuentes nada les asusta, ni el aumento en las penalidades.
En el 2017, el entonces diputado Héctor Meraz Rivera propuso reformar el Código Penal del Estado para endurecer el castigo a los roba vacas.
Fue modificado el artículo 237 para fijar de 2 a 10 años de prisión a los ladrones de ganado y multas de 200 a mil días de salario mínimo que se incrementaría en un tercio más si el atraco
Incluyó también penas más estrictas para los que transportaran ganado robado, vendieran su carne o derivados.
Pero, tal parece que los ladrones se ríen y siguen con el negocio ilegal, como si nada.
Por eso, a pesar de que el Senado aprobó crear la Guardia Civil, muchos ganaderos no quitan el dedo del renglón en aplicar de inmediato dos medidas: Crear celadores rurales, o armarse.
Ramiro Galero viene advirtiendo desde hace años que ante la ineptitud policiaca en prevenir e investigar, están dispuestos a armarse para defender sus bienes.
Otros líderes ganaderos se inclinan por crear Guardias Rurales para su protección pues como dicen: “Mientras el zacate crece, el burro se muere de hambre”.