Toño Martínez El 29 de agosto reciente, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó en una donación condicionada dos patrullas a cada uno de los 31 Ayuntamientos de San Luis Potosí, entre ellos a Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Tampamolón y Xilitla bajo el propósito de, una vez más «reforzar la vigilancia y seguridad de los potosinos.»
Pero con una condición, que los alcaldes compraran una patrulla más con recursos municipales para hacer una flotilla de tres.
Todo parecía tener lógica en el contexto del formato colaboracionista que siguen el Gobierno estatal y municipios para la prevención y disuasión del delito.
Lo extraño y sospechoso fue que en el mismo lugar de la entrega de las unidades estaban agentes de la empresa Metro Solaris S.A. para cerrar el contrato de compra-venta de los vehículos con los representantes legales de los municipios, es decir no había opciones ni libertad de los ediles para buscar por su cuenta una automotriz que pudiera ofrecer mejor precio.
La duda salta de inmediato y la sospecha se fundamenta. ¿Porqué o por órdenes de quién se impuso a los Ayuntamientos la obligación de comprarle a Metro Solaris?; ¿quién se beneficiará con la comisión?
Pero no fue todo en esta tenebra mercantil porque las patrullas rotuladas que serían para Axtla, Xilitla, Valles y Tampamolón fueron detenidas cuando circulaban por la carretera 70 entre Jalpan y Xilitla a la altura de Landa de Matamoros, Querétaro en un puesto de revisión de la policía queretana, porque eran tripuladas por civiles que no portaban uniforme policiaco ni oficio de comisión ni identificación.
El asunto huele a tranza oficial que debe aclararse por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona o pintará una raya más al tigre.
