Dr. Jaime Chalita Zarur.
El hilo conductor de la discordia humana se reduce al dinero y poder público. Muchos los ansían.
Existe una vieja máxima en la ciencia política que invita a «seguir el dinero» para entender las verdaderas intenciones detrás de cualquier movimiento social o partidista. En el escenario contemporáneo, esta premisa no solo sigue vigente, sino que se ha convertido en el verdadero denominador común de la arena pública. Sea de izquierda o, derecha pero también, de sus intermedios o, extremos. A pesar de las ruidosas batallas ideológicas que presenciamos a diario, cuando se remueve el velo de la retórica, queda al descubierto el auténtico interés fundamental de las diversas fuerzas políticas y económicas: el control del dinero y el poder públicos.
Por décadas, el debate se ha planteado como una lucha irreconciliable de doctrinas. Por un lado, las corrientes de izquierda o progresistas se presentan como las guardianas de la justicia social, abogando por un Estado fuerte que redistribuya la riqueza. Por el otro, las visiones de derecha o liberales defienden el libre mercado, la reducción del aparato gubernamental y la preeminencia de la iniciativa privada.
En teoría, son agua y aceite. En la práctica, ambas dependen fehacientemente de la misma palanca: el presupuesto del Estado.
Para la izquierda, el poder público es el vehículo indispensable para financiar sus proyectos de asistencia, consolidar bases de apoyo y dirigir la economía desde el centro.
Para la derecha, el poder del Estado —especialmente el control sobre las leyes fiscales, regulaciones y contratos públicos— es una herramienta crucial para moldear el entorno donde operan los grandes capitales.
Al final del día, ninguna ideología es indiferente al manejo de los recursos que aportan los ciudadanos a través de sus impuestos; lo que cambia es el destino que le prometen a esa bolsa de dinero, pero nunca el deseo de administrarla.
El verdadero pragmatismo político no se mide en las promesas de campaña, sino en la asignación del gasto público y en el diseño de las leyes que regulan el dinero de todos.
Esta convergencia de intereses genera un fenómeno preocupante: la partidización de la economía pública. Cuando el dinero y el poder del Estado dejan de ser herramientas de desarrollo para convertirse en el botín en juego, las políticas a largo plazo desaparecen.
Las decisiones sobre infraestructura, salud o educación ya no se toman bajo criterios de eficiencia técnica o beneficio social, sino bajo la lógica de la rentabilidad electoral o el beneficio cupular.
El riesgo de que las ideologías utilicen el aparato público únicamente para perpetuarse en el poder o pagar favores económicos es que se rompe el pacto social.
La ciudadanía observa con escepticismo cómo los discursos cambian de matiz y de color cada tres o seis años, mientras que la obsesión por controlar el presupuesto permanece intacta.
Superar esta inercia requiere una sociedad civil y un sector productivo cada vez más vigilantes, capaces de exigir que las diferencias ideológicas se debatan en el terreno de las ideas y los resultados, y no en la repartición discrecional de los recursos públicos.
El dinero del Estado pertenece a quienes lo generan con su trabajo diario; recordarles esto a los partidos, de cualquier signo, es la tarea más urgente de nuestro tiempo.@jaimechalita
