Miguel Ángel Guerrero Arriaga
Agosto 24, 2020
Con todas las revelaciones que está haciendo el actual gobierno federal sobre las presuntas irregularidades cometidas por los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y aún Vicente Fox Quesada a los que, incluso está amenazando con llamarlos a que respondan por ello ante la justicia, queda claro que la huella que dejaron entre los mexicanos está como para echarla al más profundo de los olvidos y que si llegaran a recibir una sanción es porque la merecían, algo semejante a lo que ha pasado con los ex gobernadores de SLP entre los que se encuentran algunos presuntos autores de delitos económicos en agravio del estado por los que raramente fueron siquiera reprendidos por las autoridades, como lo reflejan los registros.
Ahí, está, por ejemplo, que cuando el profesor Carlos Jonguitud Barrios llegó a la gubernatura a los pocos días de ejercicio acusó a su antecesor Guillermo Fonseca Álvarez de haber dejado únicamente las llaves de los escritorios lo que en unos años pagaría al llegar al gobierno Florencio Salazar Martínez quien a su vez reprochó a CJB no haber dejado siquiera las llaves de los muebles de oficina, luego llegaría Leopoldino Ortiz Santos en cuyo mandato su cuñado Guillermo González Escamilla mismo que, aprovechándose de esa cercanía, bailó un jarabe tapatío sobre las normas que rigen la asignación de las obras para favorecer cuates alumnos y socios con contratos sin licitaciones lo que constituiría la gran mancha de su administración aunque nunca fue llamado a cuentas por la justicia y así llegó al final de su vida.
Con el paso de los años se dio la alternancia con el arribo a la gubernatura del panista Marcelo de los Santos quien en las postrimerías de su sexenio sufrió su gran tropezón al contratar un crédito por mil 500 millones de pesos cuyo destino concreto sigue siendo un gran enigma por lo que la contraloría le abrió un proceso finalmente desbaratado y quedó exento de sanciones lo que le ha permitido continuar aquí impulsando sin éxito proyectos políticos como el de tratar de empujar a su vástago a la candidatura gubernamental del blanquiazul.
Posteriormente llegaría al gobierno el galeno Fernando Toranzo Fernández acusado de omisiones y obvias complicidades en el desbarajuste financiero que ocasionó multimillonarios quebrantos financieros en el DIF estatal de lo que nada ni él ni la presunta culpable de los delitos tuvieron que responder ante un juez lo que le dio la oportunidad de retirarse de la vida pública para irse a disfrutar su pasión por la pesca con toda la tranquilidad del mundo.
Y así se escribieron más o menos las historias de impunidades de ex gobernantes potosinos.
