La doctora Violeta Mendezcarlo Silva, profesora investigadora de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” e integrante del área jurídica del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), dio a conocer que trabaja en una propuesta de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de tipificar el delito de huachicoleo del agua, misma que sería presentada ante el Congreso del Estado.
La catedrática explicó que gran parte de la zona metropolitana y conurbada de San Luis Potosí enfrenta esta problemática, la cual se acentúa durante los periodos de baja capacidad de abastecimiento, como sequías, falta de lluvias o fallas en las presas. Es en estos momentos cuando se ejerce mayor presión sobre el sistema de distribución y se presenta el fenómeno del “huachicoleo” de agua, es decir, su extracción y venta ilegal.
“Esto no solo implica redes vinculadas con la delincuencia organizada; también existen particulares que comercializan el agua de manera indebida. Hay personas que, aun contando con concesiones de pozos para determinado volumen, desvían parte de ese recurso hacia mercados no autorizados, generando una ganancia ilícita”, puntualizó.
Agregó que en dicha propuesta destaca la participación del doctor José Luis Carpio Domínguez, profesor investigador de la Licenciatura en Criminología de esta misma entidad académica.
Asimismo, informó que trabaja en temas relacionados con la presencia elevada de flúor y arsénico en varios pozos que abastecen a la zona metropolitana, situación que ha sido confirmada mediante estudios realizados por especialistas de las Facultades de Medicina, Ciencias Químicas e Instituto de Geología, quienes han detectado concentraciones por encima de los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM).
“El derecho humano al agua es un tema que me resulta fundamental estudiar, sobre todo cuando se transgreden los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la NOM respecto a la calidad del agua. Es necesario distinguir entre el derecho al abastecimiento y el derecho al agua y saneamiento. Además, se deben blindar las obligaciones de los organismos operadores, ayuntamientos y autoridades para garantizar agua de calidad a la población”, explicó.
La doctora Mendezcarlo también mencionó que se analiza la posibilidad de incorporar al Observatorio del Grupo Universitario del Agua un enfoque de vigilancia más estrecha e identificación de actores que ejercen presión sobre el recurso hídrico, además de fortalecer el derecho humano al agua.
Otro aspecto en el que trabaja la investigadora es la implementación de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, dirigidos a las personas que integran los comités de agua en zonas rurales.
“Pretendemos ser pioneros a nivel nacional y regional en la aplicación de estos mecanismos, con el fin de evitar el acaparamiento del agua y otros vicios que impiden a algunas familias acceder al recurso, debido a la presión ejercida por ciertos grupos que lo monopolizan”, señaló.
Finalmente, la doctora Mendezcarlo Silva invitó a la población a seguir de cerca las actividades del Grupo Universitario del Agua y los avances de los especialistas que desarrollan trabajos serios y documentados, cuyo impacto se refleja en la vida cotidiana. “Estos importantes hallazgos permitirán que nos empoderemos frente a la problemática del agua en el estado”, concluyó.
