Daniel Adame Osorio.
Febrero 15, 2024
La crisis de representación y la de las democracias mismas, que arrastramos ya durante décadas, sigue siendo vista con pesimismo, particularmente porque las élites políticas determinan tanto el andamiaje institucional como el legal, siempre partiendo de su propio beneficio.
Seguimos enfrentados con la necesidad de conocer lo que hace el gobierno –la transparencia- y seguimos enfrentando el muro del oscurantismo de lo que nuestros supuestos representantes –tanto en el gobierno como en los congresos- dicen hacer en nuestro beneficio.
Cargando con su simbolismo, el presidente anuncia éste 5 de febrero su paquete de reformas en materia eléctrica, de órganos autónomos constitucionales, pensiones, la guardia nacional y el poder judicial de la Federación. Se trata de una operación para la agenda de su modelo carismático, violentando el modelo de democracia que nos hemos dado los mexicanos, para actuar en reemplazo del perfil bajo de la aspirante presidencial oficialista.
Al mismo tiempo, coloca en la agenda de la conversación la híper concentración del poder y eliminar contrapesos.
En torno a la pretensión de reformar el poder judicial de la Federación, alienta el golpe simbólico a la división de poderes en su búsqueda de ganar para el partido dominante la mayoría calificada en el congreso y, designar a los ministros de la SCJN por voto directo. Su iniciativa contempla la desaparición de los 11 ministros en funciones y, ser sustituido por un Tribunal Constitucional con nueve miembros de su corriente. Es verdad que en la legislatura que concluye funciones en agosto próximo, no tiene los votos para cuajar su proyecto de largo plazo; lo que importa para el presidente es dirigir la conversación electoral.
Se trata de iniciativas presidenciales inviables dado que proponen romper con nuestro modelo de democracia constitucional.
La embestida del presidente al poder judicial de la Federación es explicable, dado que su proyecto político ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, faltan aún ser sujetas de sanción las reformas aprobadas por el oficialismo en el senado, en aquella noche negra, en la antigua sede de Xicoténcatl.
Por su lado, la SCJN debe ser más precisa en torno a la transparencia y llamado a cuentas en sus funciones, para que su narrativa se fortalezca.
El ataque del presidente al poder judicial de la Federación tendrá implicaciones por ejemplo, en torno a la inversión extranjera directa, dado que debemos consolidar un poder judicial independiente, generador de confianza entre los actores económicos.
Del Tintero.
AMLO pretende la desaparición de los órganos autónomos constitucionales y por tanto de los contrapesos, presentando a sus iniciativas como un símbolo de largo plazo para alterar e hiper concentrar la élite política en un solo grupo, en una sola persona y no en el Estado y no en el gobierno y no en el diseño del país y sus dos ramas electivas (legislativa y ejecutiva). AMLO no es, no será el jefe del Estado, sino el gestor al rescate de la campaña electoral presidencial del partido dominante, en el contexto de un modelo carismático que no ha dependido en su gestión, del aparato público, sino del presidente y, con una candidatura presidencial oficialista sin atributos y sin carisma.
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(*) Politólogo, (IBERO MX) periodista, administrador público y académico. Director Editorial de ESCENARIO POLÍTICO, medio de comunicación especializado en análisis político. Premio Nacional de Periodismo.
