Por: Alma Gutiérrez Ibarra
Agosto 22, 2019
Tras agotar todas las instancias posibles para echar abajo la reforma educativa de su antecesor Enrique Peña Nieto, el gobierno de Andrés Manuel López centró sus esfuerzos en proponer algunas modificaciones a las leyes secundarias, en lo relativo a la educación media superior, las cuales no encuentran aún eco entre los integrantes de este importante sector.
Para dimensionar la importancia de las modificaciones que se proponen y el impacto que tendrá en sus esquemas, sobra decir que la educación media superior, hasta el 2015, representó el 21.7 % de la población de 15 años o más insertos en algún modelo educativo del país.
El reto sin duda es enorme, y representa la oportunidad de mejorar la calidad de la educación que se imparte, pero de manera especial de ser un parte aguas dentro del proceso de revalorización social que demanda el magisterio.
Lamentablemente, se vislumbra que ese no será el caso, sobre todo por las inconformidades que surgen de algunas representaciones sindicales que participan en ese análisis que se hace para reformar las leyes secundarias para la educación media superior. Al menos en lo que corresponde a la parte sindical existen grandes y varias inconformidades surgidas de las mesas de trabajo propuestas por el Gobierno federal.
Su principal argumento es que la propuesta atenta contra los derechos de los miles de trabajadores que sostienen a este importante sector y la falta de asignación de partidas presupuestales para pagos anuales, como es el correspondiente al aguinaldo, entre otros puntos.
El riesgo, de continuar lo propuesto por el Gobierno Federal, está latente y afectaría de manera irreversible con el proceso de avance que se busca, sobre todo en detrimento de los logros sindicales alcanzados por las representaciones, además, se corre el riesgo de continuar la política impuesta por el gobierno anterior en donde los trabajadores de la educación atravesaron por una crisis social ante el poco valor que se dio a su importante función social.
Si el Gobierno Federal actual realmente pretende elevar la calidad educativa en el país debe privilegiar el papel de unos de los actores principales de esta dinámica, es decir de profesores y administrativos al servicio de la educación, e iniciar ese proceso de revalorización social con salarios justos, con procesos de escalafón acordes a los tiempos actuales, y desde luego, dando el respeto que el sector reclama de manera justa.
