Dr. Jaime Chalita Zarur.
El costo real del fuego cruzado en México es la economía en vilo y justicia a la carta.
El enfrentamiento constante entre los partidos de oposición y el grupo en el poder (encendido por las mutuas acusaciones de corrupción) ha dejado de ser un simple espectáculo mediático para convertirse en un factor de distorsión institucional con impactos directos en los mercados y en la aplicación de la ley.
La realidad es que ya existen fugas y paralización de inversiones: La certidumbre jurídica es la variable principal que evalúa el capital privado. Cuando las acusaciones revelan que los contratos públicos, licitaciones e infraestructuras estratégicas están supeditados a componendas o redes ilícitas (como los esquemas de huachicol fiscal o desvíos institucionales), las empresas nacionales e internacionales posponen o, cancelan proyectos de inversión. Las inseguridades hacen que estos escenarios adversos vallan sucediendo.
El costo reputacional y de crédito nos hace caer profundo en el estancamiento en índices de percepción de corrupción y, encarece el financiamiento para el país. Los mercados internacionales perciben que la disputa política contamina la gestión fiscal y la transparencia regulatoria.
El gasto público se ha vuelto ineficiente. Los presupuestos asignados a programas prioritarios e infraestructura sufren opacidad o retrasos y, fallas constantes o, incidencias negativas, derivados de inoperancia. Así, mientras la discusión legislativa permanezca capturada por la confrontación partidista, seguiremos en vilo. El Impacto en el Ámbito Legal y Judicial, nos perjudica a todos, cuando deja dudas.
El tema cada día es más conocido y comentado y es de interés de todos: el de justicia selectiva es muy preocupante. El aparato de procuración de justicia (fiscalías y órganos fiscalizadores) tiende a ser utilizado con un rasero asimétrico. Los expedientes contra opositores avanza con celeridad mediática, mientras que las investigaciones que involucran a figuras o aliados del partido en el poder enfrentan dilaciones, en las investigaciones acotadas a niveles administrativos menores.
Erosión del Estado de Derecho ya es una realidad. Cuando la percepción pública asume que el castigo penal no depende de la comisión de un delito sino muy comúnmente, de la filiación política del implicado. La ley deja de operar como un marco imparcial de convivencia para convertirse en un instrumento de negociación o represalia.
Es innegable que ya sucede. Debilitamiento de órganos autónomos e instituciones: En medio de la pugna, los organismos encargados de garantizar la transparencia, la fiscalización y la impartición de justicia quedan atrapados en el fuego cruzado, recortados presupuestalmente o sometidos a presiones de captura política.
Muestra actual: campañas políticas adelantadas y la autoridad sigue sin hacer nada. Amén de que los organismos autónomos que eran de utilidad a los ciudadanos, se niegan a regresarlo.
¿Y tu aún estás en tu espacio de confort? O quizás viviendo del dinero que se va y no regresa. Pero recuerda que es dinero de todos, no de ningún gobierno.@jaimechalita
