Adrián del Jobo Ponce
Noviembre 12, 2022
Los decretos que se establecen en cada administración, en particular lo que nos motiva en el presente escrito, son los del sector educativo. Actualmente, como en cada sexenio, se ven iniciativas y planes educativos que nacen desde la ideología y de los intereses en los planes de nación que se tiene en cada gobierno, gestionando y convirtiendo la política pública a que construyan la visión planteada.
Mencionar el acuerdo 32/12/21, que consiste en el programa para el fortalecimiento de los servicios de educación especial, presentando por la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de educación de México, para entrar en vigor el 01 de enero del año 2022, sustentado en el artículo 77 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, dispone que la cámara de diputados en el presupuesto de egresos señalará los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a las reglas de operación con el objetivo de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, siendo el discurso y un sello característico en la actual administración federal.
En este sentido el precepto provee que las dependencias y entidades, a través de sus respectivas coordinadoras de sector, sean responsables de emitir las reglas de operatividad de los programas para que se inicie en el ejercicio fiscal, previa autorización de la secretaria de hacienda y crédito público y dictamen de la comisión nacional de mejora regulatoria, de acuerdo a lo que establece el presupuesto de egresos para el ejercicio 2022 y el artículo 3, fracción XXI y 27.
La importancia de que las reglas de operación a que refiere el acuerdo, con la autorización presupuestaria queden sustentadas para su operatividad y ejecución eficiente, logrando medir el impacto en la inversión y en las atenciones a las necesidades de la educación en nuestro país.
Tiene como objetivo fortalecer el servicio educativo especial, con equipamiento específico y establecimiento de vínculos interinstitucionales para brindar atención equitativa e inclusiva, acorde a las necesidades de educandos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes en educación básica.
La cobertura que pretende, es toda la nación, sin duda una propuesta ambiciosa, sobre todo en pensar las condiciones actuales de los centros educativos, aunado a la trascendente pandemia que se ha vivido, golpeando fuertemente como a todos los sectores, el educativo.
Una población que espera cambios y que al pasar los esfuerzos y la ejecución de la política educativa, se vislumbra un cambio aun no reflejado en la calidad de vida de la población, propiciando un estado de bienestar, con la esperanza de que vaya lento, y que pronto se pueda experimentar “a ras de suelo” en nuestra población, a lo largo y ancho del país, nuestro querido México, llegando a cada rincón, valorando la vida y la riqueza como nuestra gran fortaleza.
Los beneficios de invertir en la educación son edificantes en una sociedad como la nuestra y en todas las sociedades en general, más cuando se considera parte de las necesidades básicas para el desarrollo y crecimiento de una nación que está en la espera del uso responsable, eficiente y sustentable de los recursos, con una visión generacional y como sabiamente lo especifica el Dr. Alfredo Jalife-Rahme, geo estratega, neo-renacentista y humanista, por el armónico bien común las 3 “B”: Biósfera, Bioética y Biodiversidad.
La esencia de los apoyos públicos es el fortalecimiento, la estimulación en un transitar de crisis, donde bien existen en nuestro sistema de gobierno y clementemente necesaria la abstracción de una cultura del bien hacer en los momentos y temporadas que se reciben estos mismos, con una estrategia no solo de distribución, sino que tenga estudios medibles del impacto y el aprovechamiento en cada beneficiario, familia, microrregión en aspectos económicos, sociales y culturales; donde las aplicaciones tengan disparos a las necesidades perenes y los grandes problemas sociales, desde un enfoque horizontal y al mismo tiempo lateral en los aspectos de contundencia en la emergencia misma.
La profesionalización de las instancias existentes con gran variedad de objetivos específicos convertidos en objetivos generales, genéricos que den pie al trabajo transversal y holístico necesario para contar con las dimensiones correctas y no dejando lugar a los esfuerzos aislados y las voluntades opacadas por los instrumentos salvajemente burocráticos y sobre regulados.
La transparencia más allá de una moda o una bandera de marketing que distingue un ejercicio de acceso para todos, donde el comenzó será un lenguaje y lectura alineada a los intereses del pueblo en la clara y objetiva inversión de los recursos públicos hacia las necesidades que se atienden en cada comunidad.
La agenda 2030 para el desarrollo sostenible plantea que a través de un plan de acción en materia, a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene como objetivo el fortalecimiento de la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Se reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones incluida la pobreza extrema, siendo un reto que enfrenta el planeta y que implica un requisito imprescindible en el desarrollo sostenible.
El gran desafío para los agentes educativos ante las regulaciones institucionales, que necesariamente deben de ser diseñadas para la atención de los problemas generales y específicos que se requiere en la sociedad, dejando secundariamente en el cumplimiento de los procedimientos de gestión necesarios con toda la importancia de la calidad en los mismos, pero donde no pueden ser más importantes que los objetivos mismos que requiere la educación al ser atendida.
Abordar la inclusión de las persona con discapacidad como lo marca en su art. 12 establece que la SEP promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en los centros educativos.
Se requiere una integración escolar basada y edificada en la plataforma que brinde la inversión suficiente en los centros escolares, la participación de todos los sectores de la sociedad como un ejercicio básico en la dinámica ordinaria y extraordinaria del país. La prioridad de estructurar un presupuesto que detone la calidad educativa con propósito de bienestar social, la visión y el interés del ejecutivo y legislativo en cada nivel de gobierno que proponga y apruebe el presupuesto necesario para la atención de los servicios educativos, así como la reingeniería y la neutralización objetiva de la sobrerregulación en los órganos y dependencias burocráticas, agregando consistentemente un sentido humano y contextualizado para su eficiente ejecución y aplicación; medible, cuantificable, y mejorable para que pronto podamos ver una sociedad que priorice la educación de nuestras generaciones como la opción de desarrollo humano, basados en los valores universales y en la dinámica armónica de las culturas desde la generosidad del conocimiento y la disposición del mismo en el bien común de los pueblos.
