Daniel Adame Osorio (*)
Junio 14, 2023
Sociedades enteras pueden enfrentar a élites políticas que se turnan la representación y el poder a partir de su complicidad para minar toda oferta diferente ante el electorado. Y más aún: derivan también en convertirse en socios de los beneficios que otorga legislar y gobernar de espaldas a la sociedad, porque el costo político a pagar es mínimo: acaso perder el poder, pero para que gobierne el socio, al cual le unen la corrupción y la impunidad.
Citamos dos ejemplos claros de ello:
En el caso México, el retraso en la creación de un sistema anticorrupción es responsabilidad de todos los partidos y actores políticos, porque de fondo a ninguno conviene. Y para hacer frente a ese compromiso contraído con la sociedad, a fin de vender la idea de que se está cumpliendo, se aprueban legislaciones descafeinadas y se nombran funcionarios proclives al régimen y de entre la misma elite del poder.
Otro ejemplo representativo se da justamente en el terreno de lo electoral, en el caso de Estados Unidos: las violaciones a la ley que impactan incluso en la seguridad nacional cometidas por la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, son ignoradas por el aparato de justicia, con tal de llevarla al triunfo. Desde el Presidente Obama hasta los dueños de los factores reales de poder en Estados Unidos apoyan monetaria, mediática y directamente su candidatura y hasta es posible que se vulnere la voluntad de la mayoría en los órganos de justicia electoral para que no arribara a la Casa Blanca Donald Trump, no porque haya sido la peor opción para la sociedad norteamericana, sino porque esos factores de poder carecerían de los beneficios y prebendas de que disfrutan en caso de que alguien no afín, no subordinado, llegue al poder. Así, que la decisión de que alguien gobierne puesta en manos de un tribunal no parece ser del todo un ejercicio democrático, sino acaso mostraría que las instituciones funcionan para dirimir controversias, cuando de antemano el resultado de las elecciones está contaminado por la élite política para favorecer a los grupos de poder.
No es, por tanto, nada sencillo llegar a la verdadera representación y mucho menos hacer realidad la democracia, lo mismo en países en transición política, que en aquellos que aparentemente tienen mayor experiencia en gestionar los problemas de la democracia.
Las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila demostraron que el sistema electoral funciona. Es verdad que el oficialismo tiene ventaja por ahora y, hacia 2024, se trata de desincorporar al presidente del debate electoral de la sucesión presidencial y, cuidar el pluralismo en la representación política del congreso de la unión.
La jornada electoral mexiquense mostró abiertamente una operación en tierra con ex alcaldes del oficialismo violando la ley, descubiertos con flujos de efectivo. Continuará el tutelaje de la campaña anticipada coordinada directamente por la operación electoral del presidente violando la Constitución.
Hoy, es verdad que el PRI tiene más embajadores que gobernadores. Un elemento central hacia 2024, es que el oficialismo y la oposición cada uno tiene un respaldo de 40 por ciento, dado que el presidente no logra trasladar el respaldo del 60 por ciento de su personalismo a su partido.
Delfina Gómez recibe un respaldo para su victoria del 25 por ciento de los electores y, en un año muchos factores se moverán y, no hay que olvidar los ejemplos de coaliciones opositoras locales virtuosas en Aguascaientes, Durango y Coahuila. Además, en la elección presidencial de 2024 estarán en juego también el desempeño de los gobernadores oficialistas: por ejemplo, Cuitláhuac de Veracruz, Cuauhtémoc de Morelos y, otros impresentables del oficialismo. Muchas variables se moverán en un año, dado que la política nunca duerme, dirá Cayetano Llobet.
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(*) Politólogo, (IBERO MX) periodista, administrador público y académico. Director Editorial de ESCENARIO POLÍTICO, medio de comunicación especializado en análisis político. Premio Nacional de Periodismo.
