La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informa a la comunidad universitaria y a la sociedad en general que, tras el desarrollo de los procedimientos correspondientes conforme a la normativa vigente, se ha determinado la expulsión definitiva de dos estudiantes de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, por su participación en un caso de violencia de género. Asimismo, el rector, doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, de acuerdo a sus atribuciones, destituyó a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Mtra. Magdalena Beatriz González Vega, así como a algunos funcionarios de la entidad académica, y aceptó la renuncia presentada por el director, Lic. Germán Federico Pedroza Gaitán, para los trámites conducentes.
Esta resolución fue emitida una vez constatado que las conductas cometidas vulneran de manera grave los principios y valores que rigen a la UASLP, además de constituir una falta sancionada explícitamente en el marco normativo universitario. El proceso se desarrolló con celeridad, objetividad y estricto apego a la justicia, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
El rector destacó que estas acciones reflejan la firme determinación de la Universidad para actuar con responsabilidad y contundencia ante cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las personas, particularmente en situaciones vinculadas a la violencia de género.
De igual forma, se han girado instrucciones para que, de manera conjunta y a través de las instancias competentes, se lleve a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos universitarios, con el propósito de fortalecerlos, mejorarlos y/o actualizarlos en todas las entidades académicas. Además, se implementarán jornadas intensivas de capacitación para todo el personal, con el fin de garantizar una actuación adecuada, oportuna y sensible ante casos de esta naturaleza, para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Con estas medidas, la Universidad reafirma su compromiso institucional con la política de cero tolerancia frente a cualquier expresión de violencia, especialmente aquella que atente contra los derechos de las mujeres. Del mismo modo, se ratifica la determinación de velar por un entorno seguro, respetuoso y libre de discriminación para toda la comunidad universitaria.
