Toño Martínez
Mientras en el mundo el uso incorrecto de la Inteligencia Artificial preocupa a los mismos creadores, y científicos, académicos e investigadores demandaron pausar su avance, la Union Europea creo su propia Ley de IA, el Papá León XIV recomendó desarmarla por atentar contra la ética, moral y los Derechos Humanos de la persona, y diversos países como Corea del Sur, Brasil, Australia y más fijaron candados, en San Luis Potosi una ley para tipificar como delito usarla I.A. para desinformar y generar contenidos falsos con voz, imagen levanto crudo debate y la exigencia de modificación o supresión bajo el argumento de que violara la Libertad de Expresión.
El escándalo proviene sobre todo de aquellos que crean páginas web y canales -es muy fácil por falta de regulación- y se ostentan como periodistas para desinformar y chantajear o simplemente para mendigar favores económicos de gobernantes a cambio de lo cual se prestan a desatar campañas de descrédito contra sus adversarios.
Nadie niega la maravilla de plataformas de la I.A. por constituir el medio revolucionario que abre las puertas al conocimiento universal, es fabuloso en el apoyo de la ciencia y tecnología o solamente como un medio de consulta y solución de problemas. Lo cuestionable es el uso sin control.
La Ley Serrano sin que sea perfecta establece penalizaciones con hasta 6 años de carcel por la utilización indebida de Ia I.A.y la manipulación digital para dañar reputaciones, como es el caso de los deepfakes que alteran rostros y voz, o face wap con que intercambian rostros y voz, crear alarma y causar turbulencia social.
No se ve por ningún lado que la Ley Serrano -en este caso- este enfocada a limitar la Libertad de Expresión y el periodismo sino sancionar el libertinaje tendencioso.
Estamos en una era de periodismo surrealista -salvo excepciones, muy pocas-.
Los medios informativos, reporteros, articulistas y columnistas serios que se guían por la ética y la verdad han guardado prudente distancia de las inconformidades contra la Ley Serrano cuya permanencia está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
