Por: Profr. Marcelino H. Martínez
Diciembre 15, 2025
Las leyes y la Constitución representan, en su esencia, el pacto social que da orden, equilibrio y certeza a la convivencia entre ciudadanos y gobiernos.
Sin embargo, en la práctica, surge una pregunta inevitable, ¿son siempre un instrumento de legalidad al servicio del pueblo o, en ocasiones, se moldean a conveniencia de quienes detentan el poder?
No es un secreto que muchas iniciativas se “cocinan” en los congresos locales y federales lejos del escrutinio ciudadano.
Se presentan bajo el discurso del beneficio social, del progreso y del bien común, pero en los hechos algunas terminan convirtiéndose en cargas, restricciones o mecanismos que inclinan la balanza hacia intereses mezquinos, ajenos a las verdaderas necesidades del pueblo.
Los ciudadanos eligen a sus diputadas y diputados con la expectativa de que legislen con justicia, sensibilidad social y responsabilidad histórica.
Para eso fueron electos, para construir leyes justas, equilibradas y útiles, no para imponer decisiones que carecen de respaldo social o que no generan ningún beneficio tangible para la mayoría.
Cuando la representación se aleja del mandato popular, la confianza se erosiona.
Y en democracia, la memoria ciudadana suele ser más larga de lo que muchos políticos creen. Vendrán nuevas elecciones, y en muchos casos los ciudadanos habrán de cobrar factura a quienes, desde el discurso, prometieron defender al pueblo, pero desde la acción legislativa optaron por otros intereses.
Por ello cobra vigencia aquel dicho popular, «la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hizo compadre».
Los ciudadanos eligen gobiernos y representantes, sí, pero también tienen el derecho y la responsabilidad de evaluar, cuestionar y, llegado el momento, corregir el rumbo con su voto.
Porque en una democracia auténtica, el poder no reside en las curules ni en los cargos, sino en la voluntad del pueblo que observa, juzga y decide.
De los ciudadanos dependen muchas decisiones que se den en las próximas elecciones.
