Toño Martínez
Abril 18, 2019
Contubernio Gobierno-medios ha llegado a niveles de escándalo y tuerce la verdad informativa
Si nos sujetamos estrictamente a las reglas y límites fijados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la contratación de publicidad oficial en medios de información de todos los tipos, constituirá una súper oxigenada a la Libertad de Prensa, de Expresión y del Ejercicio Periodístico, asfixiados como han estado por décadas en el contexto de una relación corrupta y perversa que ahogaba la misión del periodismo.
La libertad de escribir, hablar o mostrar en imágenes los acontecimientos de cualquier naturaleza, han quedado sujetos al poder del dinero y de la política, no lo neguemos, a través del cual el Gobierno ha dirigido los hilos de la información a su conveniencia.
Así, prensa escrita, radiofónica, audiovisual ha venido falseando realidades, fomentando corrupción y engañando al gran público con verdades virtuales, a conveniencia del poder político y económico.
De acuerdo con el nuevo esquema para la contratación de publicidad oficial presentado por Jesús Ramírez, vocero del Gobierno Federal, estas son algunas de las transformaciones de mayor calado que regirán contratos.
Por ejemplo, ningún medio recibirá más del 25% del total destinado a una campaña oficial; ya no habrá notas pagadas al margen de convenios -algo muy común que se utiliza para atacar a adversarios, desprestigiar figuras o para el culto a la personalidad de funcionarios,- que además equivalía a una evasión tremenda de impuestos porque los medios no registraban esos ingresos mediante factura y así acumulaban millones de pesos cien por ciento utilidad.
El uso de recursos públicos encubiertos, la clásica “mordida” o el “chayotazo”, se extinguen.
Para que no quepa duda de que deberán respetarse medidas como esta, cualquier contrato para campañas oficiales se publicará en portales de transparencia con montos, nombre de medios, plazos.
Otra cosa de singular trascendencia, es la parte de la equidad en el presupuesto para prensa.
Los contratos irán proporcionales al nivel de penetración que tenga el medio conveniado, en la región donde se ubique.
Quiere decir que ya no habrá extorsiones para exigir fabulosas cantidades para promocionar campañas, con falsos números de alcance de periódico, radio o televisión.
Más concreto, se van a seleccionar los medios a contratar tomando en consideración tarifas – ya no aquello que imponían muchos directores al exigir una suma alta, no sujetándose a las necesidades del contratante-,
sus tarifas, la cobertura, y las especialidades.
Pone esta decisión, fin a chantajes, extorsiones y abusos.
Con ello, se supone que habrá libertad de expresión más genuina, para informar correctamente a la sociedad.
Ahora bien, las reglas puestas en marcha por el Gobierno de López Obrador para contratar publicidad no deben quedarse solo en la esfera federal; tienen que bajar a los estados y municipios donde las prácticas sucias de periodismo han sido la constante para presionar contratos fabulosos con aquel estribillo de “o me das lo que pido o te pego”.
Es importante también señalar, que en lo sucesivo cuando haya necesidad de campañas oficiales para determinada región, se contratará a medios locales que cumplan los requisitos señalados, es decir, ya no se recurrirá a medios nacionales que por lo general han tenido escasa penetración en zonas geográficas.
El asunto de la relación prensa-gobierno esta tan podrido, que nuevas generaciones de periodistas veían tales prácticas como algo natural y debían someterse a hablar solo bien del poderoso en turno, y tomar señalamientos y denuncias en contra, pero para desecharlo. Lo veían correcto.
Ahora solo falta, insisto, que la depuración de prensa llegue a Estados y Municipios.
