Dr. Jaime Chalita Zarur.
Hay libertades que se reconocen en la ley, pero que en la realidad pueden costar demasiado. Una de ellas es la libertad de expresión, ese derecho fundamental que permite a los ciudadanos cuestionar al poder, denunciar las injusticias y señalar los abusos, incluso cuando hacerlo incomoda a quienes se consideran intocables.
Expresarse libremente debería ser un acto natural en toda sociedad democrática. Sin embargo, cuando las palabras exhiben la corrupción, cuando las denuncias ponen al descubierto el abuso de autoridad y cuando las voces ciudadanas cuestionan el destino de los recursos públicos, ejercer ese derecho puede convertirse en una actividad peligrosa.
¿Qué clase de sociedad estamos construyendo cuando decir la verdad puede significar perder la libertad o, incluso, la vida?
La historia nos ha enseñado que los poderosos que carecen de honestidad suelen sentirse amenazados por la crítica. No porque las palabras tengan más fuerza que la verdad, sino porque una denuncia documentada puede derrumbar años de simulación, exhibir privilegios indebidos y revelar el uso patrimonialista de los recursos que pertenecen a todos.
El dinero público no es propiedad de los gobernantes, ni de los funcionarios, ni de quienes encuentran en el servicio público una oportunidad para enriquecerse. Es dinero de la sociedad, producto del esfuerzo de millones de personas que esperan que sus contribuciones se traduzcan en seguridad, salud, educación, infraestructura y mejores oportunidades de vida.
Por eso, señalar el posible desvío de recursos, exigir cuentas y denunciar a quienes presuntamente se aprovechan de sus cargos no debería convertir a nadie en enemigo del Estado ni colocarlo en una situación de vulnerabilidad. Al contrario, tendría que ser una conducta reconocida como indispensable para fortalecer las instituciones y preservar la confianza ciudadana.
Pero la realidad puede ser distinta. Periodistas, activistas, ciudadanos y voces críticas han enfrentado amenazas, intimidación, persecución y violencia por investigar o denunciar intereses poderosos. En los casos más dramáticos, algunos han perdido la vida. Cada agresión contra quien ejerce su derecho a expresarse representa una herida para la democracia y una advertencia para quienes todavía se atreven a cuestionar.
El silencio, entonces, comienza a parecer una estrategia de supervivencia. Algunos prefieren callar para proteger a sus familias; otros evitan denunciar por temor a represalias, y muchos terminan convencidos de que enfrentarse a los abusos no vale la pena. Así, el miedo se convierte en un instrumento de control y la impunidad encuentra terreno fértil para reproducirse.
Sin embargo, cuando una sociedad aprende a callar por miedo, quienes abusan del poder dejan de encontrar obstáculos y la corrupción se vuelve más difícil de combatir.
La libertad de expresión no significa tener siempre la razón, ni autoriza a difamar, calumniar o condenar a alguien sin pruebas. Significa tener la posibilidad de cuestionar, investigar, disentir y exigir explicaciones sin sufrir represalias por hacerlo. Significa comprender que la crítica no es una amenaza para la democracia, sino una de sus condiciones esenciales.
Por ello, la responsabilidad no puede recaer únicamente en quien denuncia. Corresponde a las autoridades garantizar la seguridad de los ciudadanos, investigar las amenazas, proteger a los periodistas y sancionar a quienes utilizan la violencia para silenciar voces incómodas. También corresponde a las instituciones fiscalizadoras actuar con independencia y a la justicia evitar que el poder político o económico determine quién debe responder por sus actos.
No basta con proclamar que existe libertad de expresión. Hay que garantizar las condiciones para ejercerla. Una democracia no se mide solamente por la posibilidad de hablar, sino por la seguridad con la que sus ciudadanos pueden hacerlo, especialmente cuando sus palabras cuestionan a quienes gobiernan.
Quien maneja recursos públicos debe entender que está obligado a rendir cuentas. El cargo no otorga impunidad, el poder no concede superioridad moral y la crítica no constituye una ofensa personal cuando se ejerce de manera responsable y con fundamento.
La verdadera fortaleza de un gobernante no consiste en silenciar a sus críticos, sino en demostrar con hechos que no teme a la transparencia. Quien actúa con honestidad tiene en la rendición de cuentas una oportunidad para demostrarlo; quien incurre en abusos debe enfrentar las consecuencias conforme a la ley.
Defender la libertad de expresión es defender el derecho de todos a vivir en una sociedad donde la verdad no tenga que esconderse y donde denunciar el abuso de los recursos públicos no sea una sentencia de peligro para quien se atreve a hacerlo.
Porque ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente libre si sus ciudadanos tienen que elegir entre guardar silencio o arriesgar su vida por expresar lo que piensan.
La libertad de expresión no debe costarle la vida a nadie. Y ningún poder, por grande que sea, debe estar por encima del derecho de la sociedad a conocer la verdad, exigir justicia y defender los recursos que le pertenecen.@jaimechalita
