Los puntos de acuerdo y las puntadas diputadiles

Filiberto Juárez Córdoba

Abril 25, 2026

DICEN LA GENTE del pueblo que no se puede chiflar y comer pinole. Tampoco se puede chiflar y cantar. Eso significa que hay cosas que no se pueden o deben hacer al mismo tiempo. Vaya la referencia a las autoridades educativas y al Congreso del Estado, que quieren repicar y andar en la procesión. En el caso de la maestra Micaela Hernández, de la Secundaria Técnica 33, de Plazuela, Rioverde, S.L.P., el caso se complicó por andar mezclando las cosas. Un hecho de acoso, contra un estudiante con discapacidad, en el que dos de sus compañeras lo hicieron saltar y lo tumbaron, se difundió ampliamente porque otra compañera, como parte de la “bromita”, grabó los hechos y subió el video a redes sociales. Eso fue en noviembre de 2025, pero nada pasó desapercibido en la escuela. Hubo investigación de los hechos, se levantaron actas y se llamó a las madres de las involucradas. Aceptaron la responsabilidad, se comprometieron al pago de la atención médica que necesitara el joven y aceptaron el cambio de plantel de sus hijas. Se tomó la declaración de la maestra y se dio por cerrado el caso en el mes de diciembre.

SE CUMPLIERON los protocolos y hasta ahí todo bien. El caso es que antes de salir a las vacaciones de Semana Santa, a la maestra se le notificó que, por los hechos sucedidos en su hora de clases se había dictaminado el cese de su relación laboral. Con 28 años de servicio y siendo muy apreciada, los padres de familia pidieron explicaciones. Por los enredos que hay en estos momentos en que todo se mezcla políticamente, se hizo correr la versión de que nada se podía hacer porque era una orden directa del Senado. Obviamente, esa explicación nadie la creyó, pues nada tiene que ver la Cámara de Senadores, órgano legislativo, con la SEGE. En ámbitos sindicales del magisterio se dijo que era un caso ya resuelto, pues no se puede juzgar a nadie dos veces por los mismos hechos. Los padres de familia tomaron la escuela. La SEGE dijo que podría haber una reconsideración y reubicar a la maestra, pero la posición de la comunidad fue que si no la reinstalaban la escuela seguiría tomada.

EN LAS NEGOCIACIONES, trascendió que la intervención del jurídico de SEGE se debió a un punto de acuerdo del Congreso del Estado, promovido por la diputada del Verde María Dolores Robles Chairez, por los siguientes antecedentes: “El pasado 15 de noviembre de 2025, un medio de comunicación en la zona media del estado, documento un caso de Bullying contra un educando con discapacidad en la Escuela Secundaria Técnica número 33 de la comunidad Plazuela, de acuerdo con este medio las jóvenes alumnas hicieron saltar en su mismo espacio al joven con discapacidad y, al descender golpearon sus piernas de apoyo para provocarle una dura caída de espalda con la posibilidad de alguna fractura o columna vertebral. Estos hechos fueron videograbados por los propios alumnos del centro estudiantil, según se aprecia en el video que circula por diversas redes sociales, lo que ha generado indignación en las mismas redes, la nota cierra señalando que se desconoce del tipo de lesión y su gravedad por la caída propiciada por sus compañeras”. Con este antecedente y una larga referencia a conceptos sobre el acoso y las medidas que deben tomarse, el Congreso aprobó un Punto de Acuerdo que “exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; para que instruya las acciones preventivas y correctivas inmediatas de conformidad con lo siguiente: dar inicio o en su caso dar continuidad a la investigación del caso de acoso escolar en el Municipio de Rioverde S.L.P., promoviendo la reparación del daño, la atención psicológica y educativa integral de la víctima, y las medidas de protección necesarias para asegurar su reincorporación segura al entorno educativo. Y sensibilizar al personal directivo, docente, administrativo y alumnos, mediante capacitación en materia de personas con discapacidad en el que se les permita conocer los derechos de estas y la detección de acoso invisible o indirecto en el alumno con discapacidad”. Seguramente para que el Congreso sintiera que sus indicaciones son atendidas, en vez de informar que el asunto ya se había atendido, se tomó ola drástica decisión de cesar a la maestra. Lo malo es que la diputada se basó en una nota sobre un video que circuló en redes sociales y no se preocupó por informarse en la escuela ni en hablar con los padres de familia. La maestra fue reinstalada.

CIRCULAN OPINIONES de que el conflicto se debió al interés de demostrar que se trabaja y se cuidan los intereses del pueblo, por aquello de las próximas elecciones. Todo está bien, pero eso de entrometerse en todo puede resultar contraproducente. Luego sus puntos de acuerdo quedan en meras puntadas. NOSOTROS DECIMOS:

Hace falta un punto de acuerdo,

Para que la SEGE y los diputados

Actúen de modo más cuerdo

¡Y no anden de acelerados!

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