Por: Abraham Parga
Febrero 08, 2026
Resulta necesario precisar para quien amablemente lee este artículo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal intérprete máximo de la Constitución Política de nuestro país; es un grupo de nueve personas que se encarga de salvaguardar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, proteger derechos humanos y resolver cuestiones que trasciendan en el orden jurídico nacional.
Básicamente es la última instancia judicial, cuyo criterio se aplica como verdad jurídica absoluta. Es el tribunal más importante para el país porque consagra en sí al Estado de Derecho y vigila que exista equilibrio en el ejercicio del poder público.
Después de la controvertida reforma judicial, son noticia casi obligada las acciones de la relativamente ‘nueva Suprema Corte’, y es que, como funcionarios, parte de nuestro «día a día» es enfrentar el escarnio público; desde altos presupuestos, debates fuera de tono en sesiones públicas, hasta camionetas de lujo y lustre en calzado del ministro presidente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, o como comúnmente se le denomina: «Alto Tribunal», está integrado por nueve ministras y ministros, todos ellos intérpretes últimos de la Constitución. Dentro de los eventos polémicos recientes, destacan los supuestos lujos y aparentes excesos a los que públicamente se han expuesto las ministras y los ministros.
Uno de los lujos recientes más mencionado fue el de la renovación total de la flotilla vehicular del Alto Tribunal; nueve nuevas unidades Jeep Cherokee® con valor de mercado cada una de aproximadamente dos millones de pesos mexicanos. Vehículos oficiales para ministras y ministros, adquiridos con la narrativa de hacer frente a las necesidades de los altos funcionarios, brindarles seguridad y garantizarles operatividad en el ‘trabajo de campo’. Lo anterior en virtud de que los ministros de la ‘nueva Suprema Corte’ no serán funcionarios de escritorio, sino funcionarios cercanos al pueblo y parte de su nueva encomienda implica posiblemente recorrer el país y lograr que la justicia además de ser cercana sea itinerante. Aspecto que con la flotilla vehicular anterior no podían cumplir por tratarse de unidades un tanto obsoletas y desgastadas por el uso natural cotidiano.
Ahora la pregunta es: ¿realmente los altos servidores públicos requieren de un vehículo de alta gama como herramienta de trabajo para cumplir con sus funciones? ¡No necesariamente!; y menos cuando se pregona un discurso de austeridad en aumentado contraste con los ‘privilegios’ de ministras y ministros en la integración anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una parte, se argumenta que las nuevas ministras y ministros hacen bien al adquirir un vehículo oficial, específicamente por tener un sueldo seriamente reducido en completo contraste con el que anteriormente se percibía en la ‘vieja Suprema Corte’, aunado a que también suelen usar su teléfono personal y vehículos propios a razón del recorte presupuestal que sufrió el Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2026.
Por otra parte, se expone que ese tipo de acciones y adquisiciones contradicen la esencia de la reforma judicial, cuyo objetivo fue erradicar los excesos y abusos en los que se incurre siendo servidor público, ajenos a toda austeridad y congruencia republicana.
#Política #Derecho #SCJN
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de OPINIÓN PÚBLICA SLP
