Toño Martínez
Agosto 01, 2020
Como en toda crisis y como en todo sistema de gobierno falto de regulaciones concretas hacia determinados sectores de la actividad social, la medicina privada está convertida en uno de los negocios más crueles y de enriquecimiento descomunal a costa del dolor ajeno.
Las denuncias son muchas, las tragedias que viven familias que por cualquier circunstancia llegan a caer en una clínica privada sin escrúpulos, evidencian hasta qué punto la voracidad se impone al más elemental sentido de generosidad, pues abundan quienes han llegado a perder su patrimonio y endeudarse por muchos años por haber tenido la necesidad de internar a un familiar en un sanatorio particular.
Es muy sencillo observar la abundancia económica de empresas dedicadas a servicio de la salud, por la opulencia de sus instalaciones y la abonanza que reflejan los directivos o accionistas, y sin embargo ni una sola voz del gobierno federal se ha levantado para investigar las operaciones de esos sanatorios.
Tan pronto un paciente ingresa al nivel de consulta a un hospital particular, le decretan una serie de análisis de todo tipo aunque solo vaya por una uña enterrada, le aplican inyecciones contra el dolor, sueros y una serie de «tratamientos urgentes», de tal manera que en ese mismo momento ya su cuenta supera los diez mil y más pesos, por prescripción médica dejan al paciente internado mínimo dos a tres días tiempo por el cual aumentará el costo de atención dos o más veces.
Existen además señalamientos muy precisos sobre la programación de intervenciones quirúrgicas que no son necesarias, y lo mismo bebés, niños y personas adultas son sometidos a este esquema.
Se llega el colmo de que al ingresar una persona que presente cuadros de malestar que será necesario estudiar, le exigen de entrada hasta cien mil pesos en depósito y en ese momento sus familiares entran en una vorágine de angustia y desesperación para conseguir el dinero.
En cualquier estado y no se diga San Luis Potosí se han dado casos en los que llegan al extremo en diversos de esos sanatorios, de negarse a autorizar la salida de un paciente porque la familia no tiene en ese momento trescientos o cuatrocientos mil y más para cubrir los servicios médicos.
Hay versiones que señalan como algunas clínicas establecen convenios con personal médico, para prescribir hospitalización de una persona, a cambio de un bono especial.
El dichoso rostro humano y de solidaridad de la medicina privada es sólo un eslogan para atraer clientes y atraparlos en su red de usura y eso, amerita urgentemente que el gobierno federal en este caso representado por la 4T y su lucha contra la corrupción lleven a cabo una investigación a fondo contra la medicina privada.
Lo único, y hay que decirlo, no por una manzana podrida quieran tumbar todo el árbol, es decir que lleguen a fondo contra los explotadores responsables de estas prácticas inhumanas y apliquen la ley correspondiente, pero no irse contra todos como acostumbran porque también existen instituciones privadas de salud que son justas.
