Durante la comparecencia del Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí., con motivo de la defensa del Cuarto Informe de Gobierno, el diputado local del Partido Acción Nacional, (PAN), Rubén Guajardo Barrera, aprovechó su intervención para lanzar un cuestionamiento directo respecto a las capacidades actuales en materia de seguridad e investigación del delito.
Centró su mensaje en la preocupación por las limitaciones operativas que enfrenta actualmente la Fiscalía General del Estado, FGE, pues señaló que la dependencia opera con un déficit significativo de personal, con aproximadamente 600 elementos que, en sus palabras, resultan insuficientes para la carga de trabajo que implica la persecución del delito y las investigaciones judiciales que exige el sistema penal.
El legislador panista expuso una reciente propuesta legislativa que busca permitir que la Guardia Civil Estatal, cuyo trabajo se limita en gran medida a tareas preventivas, pueda participar directamente en actos de investigación.
Explicó que esta iniciativa, presentada junto a la diputada Leticia Vázquez Hernández, busca ampliar el margen de acción del Estado en la lucha contra la delincuencia.
Su objetivo principal es facultar a los cuerpos preventivos como la Guardia Civil para que colaboren activamente con la Fiscalía, dotándolos de atribuciones legales que les permitan intervenir en investigaciones formales, lo que actualmente está restringido por la normativa vigente.
Esta idea ya ha sido implementada en otras entidades del país, así como en instancias a nivel federal, donde se han registrado avances que podrían ser replicables en San Luis Potosí.
Ante este panorama, cuestionó directamente al secretario José Guadalupe Torres sobre su postura en torno a dicha reforma y si considera viable su aplicación en el estado.
El planteamiento se da en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad, la impunidad y la falta de resultados tangibles en la persecución del delito.
La propuesta apunta a generar una sinergia institucional más eficiente entre cuerpos de seguridad y autoridades judiciales, en momentos donde la percepción ciudadana exige mayores acciones por parte del gobierno estatal para garantizar la seguridad.
La discusión sobre la viabilidad de esta iniciativa continuará en comisiones, donde se evaluará si legalmente es posible otorgar dichas facultades a la Guardia Civil Estatal y si esto no compromete las garantías del debido proceso.
