A pesar de que el Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona ilegalmente obliga a las y los trabajos estatales a realizar trabajo proselitista a favor del Partido Verde Ecologista de México, con la amenaza de despedirlos sí se niegan, ni el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ni el Instituto Nacional Electoral actúan para evitar tal delito electoral, y la situación se agrava, porque ahora quiere pagarles su voto a 1,500 pesos, denunció la Secretaría de Tesorería y fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, Francisca Reséndiz Lara.
Por su parte, la Secretaria General del SITTGE, Ana Verónica López se solidarizó con los más de 34 trabajadores del Centro Estatal de las Artes (CEART) que ilegalmente fueron despedidos por su director, Jesús Emmanuel Ramos Hernández para acomodar en su lugar a la clientela política del gobernador, demandándole su reinstalación inmediata, y recordó que personal del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), fue despedido por pertenecer al SITTGE, y aunque el gobierno se comprometió a reincorporarlos en su empleo, según la minuta del 8 de abril del 2022, a la fecha se niega a cumplirla.
Tanto el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), como el Instituto Nacional Electoral (INE), se niegan a intervenir, para evitar los delitos electorales que comete el Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona, al obligar a empleadas y empleados estatales a realizar trabajo proselitista a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo la amenaza de despedirlos sí se niegan, denunció la Secretaría de Tesorería y fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.
Y reveló que ante la omisión de las autoridades encargadas, los abusos del mandatario estatal se acrecientan, porque éste ahora, les quiere comprar el voto a las y los empleados, y a sus familiares, a 1,500 pesos por persona, por lo que criticó que les apliquen “la ley del garrote y la zanahoria”, pues primero amenaza a las y los trabajadores, para forzarlos a que apoyen las campañas de su proyecto político, y sí no lo hacen, los despiden ilegalmente, de igual forma, retiene sus salarios, para, ya con carencias económicas, ofrecerles dinero por su sufragio, a fin de doblegarlos, refirió.
Rechazo las declaraciones del secretario general, José Guadalupe Torres Sánchez, quien negó que existiese tal acoso y demandó a los burócratas no desviar recursos públicos a favor de candidato alguno, porque consideró que “el ladrón cree que todos son de su condición” y “él mismo avienta la piedra que tiene en la mano”, así, expuso que los trabajadores conocen y cumplen sus obligaciones, y la única manera de salirse del trabajo, es con un pase de salida, como el que les dan a la clientela política que está en nómina, para que asista a eventos políticos, aún en horario laboral.
Añadió que desde que inició la administración estatal, han despedido ilegalmente a más de 212 integrantes del SITTGE, pero no para reducir la nómina, como en su momento argumentó el Oficial Mayor, Noé Lara Henríquez, sino para meter a trabajar a más de 700 personas que lo apoyaron en su campaña, principalmente dirigentes de colonias, que hoy están ubicados en áreas de limpieza, quienes son utilizados para asistir a eventos de sus candidatas y candidatos, a cualquier hora, por lo que refirió que hay momentos en que las oficinas se quedan solas, y los servicios sanitarios sucios.
Indicó que el forzar a las y los empleados estatales a realizar trabajo proselitista, repartiendo programas sociales, e incluyendo “llenar” actos partidistas, así como hoy comprar su voto, es un acto desesperado, porque las y los candidatos del gobernador no generan simpatía entre la población, sino rechazo, a pesar de que el mandatario estatal gasta enormes cantidades de recursos públicos para sus campañas, y él mismo los promueve al difundir sus actividades, pese a la veda electoral, por lo que lamentó que las autoridades electorales no le hagan nada, porque las sometió.
Reséndiz Lara también criticó que José Ricardo Gallardo Cardona en el discurso dijo que el personal de seguridad pública es actor fundamental para mantener la tranquilidad en el estado, “como si estuviese hablando de otro mundo”, dijo al señalar que tales palabras son “una falacia”, pues denunció que en la realidad, a los policías estatales les niega los derechos laborales, no les permite jubilarse, y no les entrega su pensión, dijo que el SITTGE solicita resolver más de 30 casos en esa situación, sin que el mandatario estatal responda a los oficios, negándoles la condición humana.
Por su parte, la Secretaria General del Sindicato, Ana Verónica López Chávez se solidarizó con los más de 34 trabajadores despedidos ilegalmente del Centro Estatal de las Artes (CEART), porque sus espacios laborales fueron ocupados por operadores políticos del gobernador, desde que asumió el cargo de director, quien fuera presidente del PVEM, Jesús Emmanuel Ramos Hernández, por lo que le demandó su inmediata reinstalación y dejar de convertir a la institución a su cargo, en un espacio para acomodar a su clientela política, respetando su vocación educativa, cultural y artística.
“No es posible que el mandatario estatal ponga a una persona sin antecedentes, trayectoria, ni experiencia en actividades culturales, al frente de una de las más grandes instituciones culturales y artísticas de la entidad, como es Jesús Emmanuel Ramos Hernández, y peor aún, que le reduzca la calidad a la labor que el CEART realiza en beneficio de la sociedad, al quitar los espacios laborales de manera ilegal a personal especializado, para colocar en su lugar a personas sin perfil alguno, pero totalmente ligados a las actividades del proyecto político del Gobernador”, denunció.
Y reveló que no es la primera vez en que el mandatario estatal realiza acciones ilegales contra personal del área de cultural, porque recordó que desde que inició su administración, acosó a trabajadores del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) por pertenecer al SITTGE, ilegalmente les redujo el sueldo a la mitad, después los hostigó laboralmente y finalmente los despidió sin justificación legal, y a pesar de que tales casos quedaron en la minuta que firmó el gobierno estatal el 8 de abril del 2022, para su reinstalación, a la fecha el mandatario se niega a cumplir, concluyó.
