Toño Martínez
Agosto 27, 2019
Mientras los feminicidios aumentan en el estado, ellos se hacen como el tío Lolo; Valles, Tamazunchale y Tamuín tienen tacha.
Desde Junio de 2017, la Secretaría de Gobernación declaró la Alerta de Violencia de Género para seis municipios de San Luis Potosí, estigmatizados por asesinatos de mujeres y el elevado índice de crueldad contra las damas en los diversos escenarios donde se desenvuelven.
Lamentablemente estamos muy lejos de cumplir con esa disposición, pues solo este año San Luis Potosí registra una estadística negra de 16 feminicidios, muchos de ellos cometidos con tal saña, como el de la joven que golpearon, apuñalaron y quemaron, o a la que decapitaron, y las que descuartizaron, que parecieran escenas de una película de psicópatas para horrorizar a cualquiera.
La declaración implicaba la adopción de medidas específicas para protección mediante la prevención, recepción prioritaria de denuncias, orientación, investigación de quejas y esquemas de seguridad diseñados por el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos.
Solo la administración del Gobernador Juan Manuel Carreras López aplicó estrategias que con fallas y errores están operando.
Fuera de eso, las cosas están saliendo exactamente al revés para terror de las mujeres, porque los alcaldes anteriores y los de ahora, de la capital del Estado, Tamazunchale, Tamuín, Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala, se han hecho tarugos en la aplicación de medidas y sobre todo en destinar presupuesto para llevar a cabo las acciones demandadas.
Es decir, los presidentes municipales se “están haciendo como el tío Lolo … tarugos solos”, porque no han pasado de autorizar a sus subalternos una que otra conferencia, elaborar carteles, mensajes, salir a medios con alguna declaración falsa e hipócrita de cuidar a la mujer.
En los hechos no cumplen con establecer medidas reales para prevenir la violencia de género.
Dejan de lado el destinar un presupuesto anual para luchar contra la violencia de género, le sacan el bulto, no aprueban ni un peso porque son tan ignorantes que no entienden un tema tan crucial como es la sombra de inseguridad contra mujeres.
En el colmo, hay casos patéticos como el del presidente de Aquismón Oscar Suárez, que le ha acomodado cada paliza a su esposa, pues las leyes ni las conoce ni le interesan.
Proteger a las mujeres contra la inseguridad, violencia, acosos y asesinatos no es cosa de ganas, criterios o estados de humor, tampoco de contentillo o de caprichos; es una obligación moral y de ley, entiendan.
La Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de San Luis Potosí consigna como omisión a una de sus responsabilidades, y el Código Penal establece sanciones desde multas, inhabilitación y cárcel, para aquellos que desatiendan el compromiso de brindar seguridad a sus representados, y más tratándose de mujeres que como se aprecia en estadísticas, no han merecido aun el reconocimiento pleno a su género, ni a su derecho a una vida libre de violencia.
Por ese incumplimiento, omisión, la ley señala que cualquier ciudadano puede solicitar a la autoridad correspondiente, en este caso el Congreso un juicio político contra el alcalde fallido, del cual se derivarían procedimientos penales.
El artículo 6º precisa: “Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos… redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales…”
Como asienta la Ley, los alcaldes “tienen la obligación de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos… “.
No cumplir como equivale a un acto de omisión que les puede costar la chamba y proceso penal.
Recientemente, el senador Marco Antonio Gama Basarte, como lo han hecho la diputada federal priista Sara Rocha Medina y otras figuras públicas más, hizo un duro reclamo a los presidentes municipales para que dejen de lado la abulia sobre este tema, y cumplan la obligación de incluir en los presupuestos municipales recursos para la Alerta de Violencia de Género y algo muy certero: La sociedad civil tiene que presionar, exigir, demandar que lo hagan.
Va de por medio la protección de las mujeres potosinas contra agresiones y actos funestos.
