Miguel Ángel Guerrero Arriaga
0ctubre 24, 2019
En el mediano plazo, la capital potosina como la mayoría de las cabeceras municipales estarán condenadas a vivir situaciones cotidianas caóticas de movilidad que harán más infernal la circulación de vehículos, principalmente en la zona metropolitana de la capital.
Tales escenarios empezarán a configurarse tan pronto entre en vigor la aprobación en el senado de la república concrete y dé luz verde definitiva a la regularización de los vehículos de procedencia extranjera comúnmente llamados “chocolate” por carecer de documentos que acrediten su propiedad.
Conforme lo divulgado, sería a partir de abril del 2020 cuando empiecen las regularizaciones de ese tipo de unidades lo que permitirá que en San Luis Potosí se legalicen algo así como sesenta mil automotores que en gran parte son consideradas auténticas “chatarras rodantes por las pésimas condiciones mecánicas en que se encuentran, lo que, de entrada, asegura una fenomenal fuente de contaminación ambiental.
De acuerdo a lo señalado sobre el tema, el costo por regularizarlos oscilaría entre los seis mil y doce mil pesos según el modelo de la unidad.
Aunque ese proceso podría permitir al estado un ingreso superior a los 50 millones de pesos los problemas que le tocaría enfrentar a cambio son considerables toda vez que, decíamos, los problemas de movilidad en la ciudad se agravarían en virtud de que el acceso a la compra de estos vehículos extranjeros se circunscribe a la clase trabajadora de ingresos bajos y medios entre los que se incluyen muchos trabajadores de empresas de la zona industrial que, obviamente, los utilizarían para acudir a sus centros laborales y regresar a sus hogares, lo que anticipa una colosal saturación vehicular en la carretera 57 entre la zona fabril y la ciudad.
Otro problema que acarreará la incorporación masiva de unidades irregulares consiste en que, precisamente por su ilegal origen al verse involucrados en accidentes de tránsito difícilmente puede obligarse a los conductores o quienes se ostenten como propietarios a pagar el costo de los daños que ocasionan pues rara vez cuentan con factura y limpiamente se desligan del problema, a menos, claro que al regularizarlos se condicione a sus “dueños” a contratar un seguro contra daños a terceros para legalizarlos, lo que está complicado que ocurra.
Asimismo, dentro de las poquísimas ventajas que traería dichas regularizaciones está el que con ello se desbarataría el argumento de las organizaciones campesinas que los representan para realizar marchas y bloqueos de calles en demanda de que se legalicen, además de que vendría a acabar con el negocio de los “líderes” de las mismas consistente en la venta de placas con las siglas de tales agrupaciones con las que circulan sin que los tránsitos los molesten por las protestas que pueden provocar si lo hacen.
