Toño Martínez
Octubre 01, 2019
El programa pone fin al nefasto acaparamiento que permitió a unas cuantas familias huastecas amasar fortunas a costa de “la indiada”.
“Una de cal por las que van de arena”, como dice el dicho popular, podemos aplicar plenamente a la puesta en marcha del programa de Precios de Garantía iniciado por el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Por su alcance social y las repercusiones positivas hacia uno de los sectores de mayor atraso y explotación, esa acción merece reconocimiento pleno, aunque sea solo un principio en el proceso de pagar la deuda que tiene México con los más pobres.
Los precios de garantía, que no son un control de precios como algunos intentan interpretar, vienen a eliminar el nefasto “coyotaje” y cruel explotación que durante décadas padecieron los campesinos, cuando acaparadores e intermediarios compraban sus cosechas a precios ridículos, dueños como eran del mercado.
En la Huasteca Potosina a través de esa práctica abominable surgieron grandes capitales por el acaparamiento que familias “de razón” hacían de las producciones de maíz, frijol, naranja, café, miel, nopal y otros más a “la indiada” que no tenían otra alternativa que plegarse a ese punible abuso.
Esas familias – por cierto bien cristianas, de las que asistían cada domingo a misa, participaban en peregrinaciones, novenarios, hacían donativos fuertes a la iglesia, se confesaban, comulgaban y persignaban con agua bendita-, amasaron grandes riquezas a costa de la ignorancia y miseria de los humildes productores, que en muchas ocasiones no recibían ni para asegurar la alimentación de sus familias, y debían pedir “prestado” a los monopolizadores que de esta manera aseguraban la siguiente cosecha hasta convertir aquello en una cadena perversa que nunca terminaba.
Antecesores de apellidos como Lárraga, Lucero, Azuara, Zúñiga, Ricavar, Olivares, Martínez, Terán, Salazar, Brandi, González, Martel, Trejo, Sánchez, Santos, Echevarría, Jonguitud, Medina, entre otros, de ahí comenzaron sus capitales.
Por eso, el programa de Precios de Garantía destinado a campesinos, pequeños productores e indígenas comienza a dar vuelta a esa página oprobiosa.
Claro, las formas de acaparamiento han cambiado, no están extintas, pero son las mismas, basadas en la pobreza y la necesidad: El patrón ofrece dinero adelantado a los agricultores por sus cosechas y así los amarra.
Con el programa de López Obrador que manejarán la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saber) dirigida por Víctor Villalobos y la Dirección de Seguridad Alimentaria Mexicana de Ignacio Ovalle Fernández, los productores de frijol recibirán 2,500 pesos por tonelada, por hasta 20 de temporal; maíz 5,610 a quienes tengan hasta 5 hectáreas y hasta 20 toneladas.
En cuanto al trigo panificable el pago asegurado será de 5,790 pesos tonelada.
Esos productos son cultivados en el estado, tanto en la planicie huasteca como en las zonas Media y Altiplano.
El programa abarca también la compra de leche fresca la cual se pagará a 8.20 pesos el litro.
Los granos y la leche serán parte de la canasta básica que será vendida a través de las tiendas Diconsa, y una ventaja extra para el consumidor es que el kilo o litro será más barato.
San Luis Potosí, durante el Gobierno de Juan Manuel Carreras López, ha remontado a los primeros lugares en producción de alimentos, con una producción que ha rebasado las 161 mil toneladas de maíz, 43 mil de frijol, y 16 de trigo, independientemente del incremento en hortalizas, verduras, carne de bovino y ovino. Cereales.
Por ello, el bono de reconocimiento es para Andrés Manuel López Obrador, aunque no podamos decir lo mismo en otros renglones como el económico, educativo, energético, desarrollo. Ya veremos.
