Toño Martínez
Marzo 23, 2019
En leyes ya están; pero en los hechos las niñas siguen siendo moneda de cambio entre las etnias del país.
Terminar con los irrazonables matrimonios infantiles por decreto, mediante las reformas al Código Civil aprobadas por la Cámara de Senadores apenas el 21 de Marzo, no va a terminar con esta práctica violatoria de Derechos Humanos y todas las consideraciones que deben tener niños y niñas, de la noche a la mañana; bueno, ni siquiera en un plazo mediano porque se enfrenta a milenios de tradición, de usos y costumbres que son parte de cualquiera de los 68 grupos étnicos del país.
Es un reto formidable, porque desarraigar ese hábito considerado “normal” entre los Náhuas, Tzotziles, Yakis, Lacandones, Otomíes, Huastecos y Tének. Xiou Ui (Pame) y todos los demás pueblos originarios, obliga a revisar el contexto social de las etnias, que abarcan conceptos como creencias, entorno social, miseria, cultura y hasta sobrevivencia.
Cada año ocurren en el país 300 mil matrimonios entre niños de entre 12 a 17 años. De este promedio las más afectadas son las niñas a quienes comprometen sus padres para casarlas con hombres que muchas veces ni conocen, que hasta les triplican la edad pero que ofrecen una dote a cambio de las menores sea en dinero, ganado o tierras.
Más que de leyes, necesarias sí, lo que se requiere es un cambio de cultura, llegar al corazón de los usos de las etnias para modificar aquello que no empata con derechos de las personas.
Hacerles entender que las niñas y los niños gozan de derechos, leyes protectoras de su calidad y condición humana.
Educarlos en que a los 10, 11 o 17 años los niños, pero especialmente las niñas, tienen derecho a educarse, a desarrollarse en todos los ámbitos, a superarse y no ser expuestos a entrar en una etapa de pareja donde temas como el embarazo temprano pone en riesgo su salud, su vida porque biológicamente su cuerpo no está preparado para procrear.
Josefina Vázquez Mota, la senadora de Acción Nacional a quien se debe la iniciativa de prohibir el matrimonio infantil, aprendió en los hechos, al vivir la realidad social de pueblos originarios donde se practican las bodas entre menores para levantar la voz.
Esa especie de moderna esclavitud, donde las niñas son ofertadas al mejor postor “porque no son importantes” y en cambio pueden sacar de la pobreza a su familia vendiéndolas es terriblemente injusto, abominable.
Pero, no basta con plasmarlo en leyes para conseguir su aplicación; se debe difundir por todos los medios, publicitarlo directamente en las comunidades, plasmarlo en los libros, promoverlo con brigadas.
La Ley es un marco de actuación; desdoblar la reforma es responsabilidad de todos.
A San Luis Potosí espera un trabajo abrumador para ganarle tiempo al tiempo y salvar a muchas niñas sobre cuya existencia pesa aun el peligro de ser casadas o unirlas en concubinato por sus padres.
El 13. 6% de la población del estado es indígena – 380 mil personas- donde el hábito sigue fuertemente arraigado, lo mismo entre los nahuas que entre los huastecos o tének, los Xio ui (Pames) o los otomíes y otras comunidades de menor población.
Pero hay más, de acuerdo con la organización internacional Save The Children, la Red por la Protección de los Niños, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y desde luego la Organización de las Naciones Unidas, en el estado el 23% de sus habitantes se auto proclaman indígenas. O sea que el problema es mayor pues es un universo de 631 mil potosinos.
Actuar ahora en llevar la reforma del Código Civil a las comunidades, para enterar a las familias que los matrimonios solo se podrán aprobar hasta los 18 años es urgente.
Hay una laguna en la reforma, y es que no determina el tipo de castigo para quienes aprueben, fomenten o autoricen matrimonios infantiles y el Senado mismo debe resanar esta falta.
Necesitamos que ya no haya más Cointas, la niña indígena que una tarde al regresar de la escuela, su padre le dijo “deja tus cosas ahí porque te vas a casar con este señor”.
De quien le hablaba, con quien la había comprometido era un vendedor de verduras que andaba de pueblo en pueblo. Este sujeto le ofreció al jefe de familia 2 mil pesos y la promesa de llevarles cada mes una despensa para que no pasaran hambre, a cambio de la pequeña.
El sufrimiento de la niña, la frustración fue terrible, porque dejaría la escuela y morían sus sueños. Pero la habían enseñado a que las órdenes de su padre tenía que obedecerlas.
Tampoco más Yadiras, la menor de Valles que a punto de cumplir apenas 11 años quedó embarazada por un trabajador de juegos mecánicos de la feria, que le pidió permiso a su mamá para ser novio con la promesa de casarse con ella a cambio de ayuda económica.
Solo la embarazó con consentimiento de la madre, y se fue para siempre.
O Rosalinda, quien falleció a los 13 años por complicaciones de embarazo; su cuerpo imperfecto no resistió la gestación y falleció.
La habían casado con un jornalero de 30 años que le dio tres vacas a su familia por ella.
Ya no más de estos dramas; el Senado dio el primer paso, hay que perfeccionarlo pero que sepan todos que las bodas o uniones conyugales entre niños o niñas y adultos o hasta ancianos, son un delito.
